La Cámara de Diputados se prepara para debatir en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que eleva de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan crímenes. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Los proyectistas, como el senador Javier Zacarías Irún, justifican la propuesta en el aumento de hechos delictivos protagonizados por menores. Señalan que existen casos de adolescentes que actúan “con premeditación y extrema violencia” y que el crimen organizado utiliza a jóvenes como ejecutores, aprovechando las penas reducidas previstas actualmente.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación “socava la autoridad del Estado y expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”. Además de endurecer las sanciones, la propuesta incorpora medidas complementarias.
Entre ellas, evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, aplicación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica al momento de dictar sentencia.
Entre los fundamentos, los autores citan el artículo 20 de la Constitución Nacional, que ordena que las penas tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. También apelan al Pacto de San José de Costa Rica, alegando que si los adolescentes gozan de las mismas garantías que los adultos, deben asumir también “las mismas obligaciones y consecuencias”.
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La propuesta contempla que en caso de un hecho calificado como crimen por el “derecho penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años”. Si obtiene la aprobación en Diputados, el proyecto quedará sancionado y representará un giro drástico en la política penal juvenil del país.