La jefa comunal del Municipio de Valenzuela, Mirtha Fernández y otras seis personas están acusadas, por lesión de confianza, y otros hechos, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar esta causa a un juicio oral, luego de que la intendenta liberal se haya presentado a los estrados judiciales el pasado lunes, la misma se encontraba prófuga con orden de detención.
El magistrado también dispuso el arresto domiciliario de la autoridad municipal y de los demás acusados en esta causa, también se le otorgó un permiso para trabajar en horas de la mañana, es decir, continuar al frente de la administración local.
La intendenta liberal fue procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
Nueva imputación
Por otra parte, el día de ayer la intendenta y otras cinco personas fueron imputadas por la agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
De acuerdo a la fiscalía, esta nueva imputación tiene que ver con un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad por aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide, en obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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