La intendenta de la Municipalidad de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández, llegó este lunes a tribunales esposada y escoltada por agentes de la Policía Nacional, para la audiencia preliminar citada por el juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia. El pasado 27 de agosto, el magistrado revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal, y dispuso su inmediata captura.
Tras casi 10 días prófuga, pedir permiso a la Junta Municipal y dos años de chicanas, Fernández se presentó ante el juez Penal de Garantías, que deberá dictar su prisión u otra diligencia judicial en este caso.
La intendenta liberal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
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