El Ministerio Público imputó hoy martes al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, y declaración falsa para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña de G. 311 millones. Esta es la tercera imputación que recae sobre el exjefe comunal.
De acuerdo a la argumentación reportada por los agentes fiscales, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, el daño con varios proyectos que no se llegaron a ejecutar supera los G. 311 millones.
El Ministerio Público menciona que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habría desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que no fueron realizados.
Además de Prieto, igualmente fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario de la Municipalidad de Esteña; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la subcomisión de Apoyo a voluntarios de Ollas Populares y Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la subcomisión de Ollas Populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión de la Olla Popular, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Paola Martínez.
De acuerdo al escrito de imputación, los hechos se registraron durante el año 2020 en plena pandemia del Covid-19
Corte destrabó procesos
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había destrabado la semana pasada el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza por un perjuicio millonario.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.
El pasado 19 de agosto, con una amplia mayoría los diputados destituyeron a Prieto, tras constatarse mediante la fiscalización del economista Ramón Ramírez, las graves irregularidades que fueron detectadas inicialmente por la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez.
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