El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, ha solicitado cooperación a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles en el marco de la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes y enriquecimiento ilícito.
El responsable de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa de Paraguay, envió un exhorto a sus pares de las islas Seychelles (África), a partir del requerimiento formulado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.
Con el pedido de información oficial a Seychelles, la Fiscalía paraguaya busca rastrear presuntos fondos offshore en el referido “paraíso fiscal” y confirmar si forman parte de un esquema de lavado de dinero que podrían involucrar al exjefe de Estado.
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Antecedentes
Esta investigación deriva del informe periodístico del portal argentino Periodismo y Punto, dirigido por Luis Gasulla, destacado periodista del programa “La cornisa” por La Nación Más (Argentina), que diera a conocer que existirían dos cuentas por un valor total de USD 21 millones, creadas mediante empresas ficticias de de Hong Kong y Dubái, donde supuestamente los beneficiarios finales serían el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.
La investigación periodística informó que una de las supuestas cuentas, vinculada a “Star Capital Financial Services Limited”, habría tenido USD 12,3 millones desde noviembre de 2022 (cuando Abdo todavía era presidente de la República), y otra, bajo “Exchange Contracts International Finance Limited”, abierta en setiembre de 2023 y que presentaba un balance de casi USD 9 millones hasta junio de 2025.
Abdo también tiene una causa abierta por inconsistencias en sus declaraciones juradas y posibles delitos económicos derivados de las operaciones de las empresas de asfalto Aldia SA y Createc SA, de las cuales aparecía como principal accionista y que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante su gobierno, acumulando USD 45 millones (G. 329.000 millones) en reservas operativas, sin justificar su destino.