El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzó oficialmente este martes el cronograma electoral para las elecciones municipales de Ciudad del Este. El llamado a nuevos comicios surge tras concretarse la destitución del opositor Miguel Prieto, mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, el pasado 19 de agosto, tras constatarse graves hechos de corrupción.

Mediante la resolución 81/2025, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025 y las elecciones municipales el domingo 9 de noviembre. Mientras que el juramento y la toma de posición al cargo se desarrollará el 18 de noviembre del presente año.

Actualmente, la intendencia es interinada por la concejal María Portillo, aliada política de Prieto. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y hermana del exdiputado Carlos Portillo, asumió ayer lunes el cargo mediante una la sesión extraordinaria.

Prieto, buscó colocar en su reemplazo a la concejala Valeria Romero, su actual pareja, sin embargo, perdió la puja contra Portillo, quien recibió un fuerte respaldo de dirigentes del PLRA de Ciudad del Este.

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Entre las irregularidades detectadas durante la administración de Prieto mediante una intervención encabezada por el economista Ramón Ramírez, figuró, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones.

El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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