El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó en que los audios filtrados en redes sociales, presuntamente por el equipo de Miguel Prieto, fueron montados con la finalidad de desmeritar su trabajo de fiscalización técnica. El informe final de 212 páginas, elaborado por el economista, corrobora las graves irregularidades observadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión comunal del líder del movimiento Yo Creo.
“Me ratifico en que los audios fueron tocados, además de cortados y montados, hay frases que yo niego categóricamente. El interventor se expide a través de su dictamen y el informe final, y no a través de conversaciones grabadas de manera ilegal o mafiosamente. Hay que remitirnos al documento y tratar de rebatir, y no matar al mensajero", dijo Ramírez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Cámara de Diputados sesionará esta mañana, a fin de considerar como único punto el informe emitido por la intervención para resolver si destituyen o no al dirigente opositor del cargo de intendente. “Hay como una estrategia perversa de bajar el precio a las irregularidades administrativas. Las reglas administrativas protegen a los ciudadanos del mal manejo de los administradores públicos. Hay que tener mucho cuidado porque con ese criterio solo vamos a tener reglas para los contribuyentes y los administradores harán lo que quieren", refirió.
Asimismo, Ramírez manifestó que “las violaciones a las reglas y procedimientos administrativos son condiciones precedentes para las barbaridades que se pueden hacer posteriormente. En la administración de Prieto hay groseras violaciones administrativas y un manejo discrecional“.
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Puntos llamativos
El economista señaló que uno de los puntos más llamativos se centran en el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna: “Eran simples fachadas”. Agregó que otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Entre las irregularidades detectadas también en la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.