La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio de las comisiones asesoras un proyecto de ley que pretende aplicar la obligatoriedad de pagar un aporte para el tratamiento del cáncer, esto dirigido al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta iniciativa fue analizada en una mesa de trabajo promovida por la Comisión de Legislación y Calificación.

El proyecto de ley establece un aporte de USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de USD 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS). También establece la obligatoriedad de que estos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – INCAN.

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“Estos aportes se destinarán exclusivamente al financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas en la Ley N° 6.266/18 - de atención integral a las personas con cáncer”, refiere la argumentación del proyecto.

Seguidamente, se agrega que “la implementación de estos aportes proporcionará una fuente de ingresos constante y predecible para el INCAN, lo que permitirá planificar y ejecutar programas de atención y tratamiento de manera más eficaz y eficiente”.

El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos Mariño, destacó la importancia de este espacio de diálogo, ya que participaron representantes de empresas de medicina prepaga y representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y legisladores integrantes de la comisión asesora.

“Hemos invitado a representantes de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que están directamente vinculados a este proyecto; y también a referentes del IPS. En otra oportunidad estuvimos con médicos y vamos a ir ampliando el debate para escuchar todas las opiniones y después poder poner a consideración del pleno”, refirió el diputado.

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El abogado y analista económico, Víctor Pavón, en su espacio habitual en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media habló sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El analista sostuvo que es de suma importancia sancionar esta normativa lo más pronto posible, ya que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

“El Registro Unificado Nacional es una muestra histórica de una movida reformista que se lleva a cabo durante este Gobierno, justamente con el Poder Judicial, y ojalá lo apruebe cuanto antes el Congreso, porque va emitir una señal todavía mucho más cierta de cómo tenemos que trabajar para hacer del Paraguay un país cada vez más desarrollado”, expresó.

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Pavón destacó que se trata de un proyecto que se trabajó conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, atendiendo a que existen problemas graves que tienen que ser solucionados, con relación al catastro, agrimensura, registros públicos y una superposición de títulos de propiedad, que cuenta con un alto grado de tramitología que lleva finalmente a la cultura del trámite y la coima.

“Fue presentado en su momento por el Poder Ejecutivo con un trabajo muy interesante con el Poder Judicial, lo cual habla muy bien del esquema colaborativo que se da dentro de estos dos poderes del Estado. Presentan un proyecto de ley al Congreso, y le dicen en este caso a los congresistas tenemos que llevar a cabo esto porque lo problemas que estamos teniendo son tan graves que deben ser solucionados”, señaló.

Agregó que, si se quiere atraer más inversión y otorgar seguridad jurídica, se debe “destrabar esta cuestión”, por lo que el proyecto de ley con media sanción del Senado debe tener su trámite sin mayores dilaciones en Diputados para su aprobación.

“Lo que se pretende es precisamente unificar tres órganos estatales relacionados específicamente a la seguridad jurídica al sector inmobiliario y lo que se busca es precisamente crear un mejor ambiente de negocios para que de esa manera las empresas puedan propiciar las inversiones, y crear puestos de trabajo. No hay excusas para que este proyecto no sea aprobado”, sentenció.

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El Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial remitieron hace días al Congreso un proyecto de ley denominado Registro Unificado Nacional (RUN) por el que se pretende dar un importante paso para regularizar la titulación inmobiliaria en nuestro país.

Luego de la correspondiente delibera­ción, en este momento dicho documento ya cuenta con la aprobación en el Senado y fue remido ahora a la Cámara de Diputa­dos donde también se espera su aproba­ción sin mayores dilaciones. El proyecto debe ser catalogado sin temor a equívo­cos de carácter reformista en cuanto a su afectación sobre el ordenamiento admi­nistrativo del Estado.

La situación que hoy se tiene en el Catas­tro es de tal magnitud que las demoras son una falta de respeto a las personas que acuden todos los días a esta y a otras ins­tituciones relacionadas con la propiedad. El retraso en los expedientes son un freno para la radicación de inversiones y de con­fianza hacia nuestras instituciones, cues­tiones que precisamente con el RUN se pretende corregir.

Con el RUN se busca que varias institu­ciones trabajen juntas, órganos estata­les que no pueden seguir desvinculados como hasta ahora tomando en cuenta que tienen el mismo objetivo. De este modo, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia se fusionarán para ofrecer a la ciudadanía respuestas diligentes y eficientes.

Las razones de este proyecto de ley no pueden ser más prácticas y sobre todo en atención a lo que el país necesita y la ciu­dadanía exige. En efecto, tropezamos con dos problemas relacionados con la titula­ción de inmuebles.

El primer problema es que coinciden con el mismo nombre y características títu­los inmobiliarios, lo que es inadmisible porque significa que un mismo inmueble cuenta con dos y hasta varios títulos. El segundo problema está en los engorrosos trámites llevados a cabo por el interesado y/o sus representantes. Esto hace que el ciudadano se vea obligado a pasar por un calvario de situaciones para lograr la titu­lación de su propiedad.

Solo si tomamos en cuenta estos dos pro­blemas nos daremos cuenta de que esta­mos ante hechos de directa relación con la seguridad jurídica, tema no menor por cuanto que incide con la radicación de inversiones. Se requiere, por ende, de una mejor coordinación entre los correspon­dientes órganos estatales encargados de un tema vital para el progreso como lo es el sector inmobiliario.

No podemos esperar que estos problemas sean resueltos por sí mismos. Los hechos dan testimonio de que si se desea más y mejores inversiones pues entonces la ges­tión y la titulación en el sector inmobilia­rio deben contar con un procedimiento dinámico, transparente, accesible para la ciudadanía y con menos tiempo para su resolución en el registro de propiedad. Este proyecto de ley tiene carácter his­tórico si tomamos en cuenta lo que hasta hoy sucede, pues el caos procedimental y jurídico conduce irremediablemente a la ineficiencia, a más gastos para el contri­buyente y hasta a la corrupción.

Estamos seguros de que, de aprobarse este proyecto de ley que crea el RUN remitido por el Poder Ejecutivo y el Judicial al Con­greso, se estará dando un avance significa­tivo para el desarrollo de nuestro país.