El proyecto de ley “Hambre cero en escuelas e instituciones educativas” impulsado por el Poder Ejecutivo prevé una serie de lineamientos con los cuales se pretende evitar que se repitan viejas prácticas que desencadenan en mala utilización de recursos y en la cobertura incompleta de la alimentación escolar. El plan contempla una actuación coordinada entre varias instituciones que proveerán datos de forma permanente a la Contraloría General de la República.
En diálogo con Nación Media, el contralor Camilo Benítez fue consultado sobre el mecanismo para evitar los negociados en torno a la alimentación que incorpora este proyecto. “Con tecnología y controles diarios”, manifestó y detalló el esquema de trabajo de la iniciativa para ejercer el monitoreo correspondiente, que contempla el desarrollo de una plataforma.
“Habrá un control aleatorio de auditores de la CGR todos los días del año lectivo escolar, auditores supervisarán el servicio de alimentación escolar en todo el país”, indica el propio proyecto que será objeto de análisis en el Congreso. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno de los gobernadores y el Ejecutivo organizó una convocatoria para intendentes y así evacuar las dudas al respecto.
Lea también: Bancada de Honor Colorado da respaldo al diputado Rodrigo Gamarra
La iniciativa indica que el ente contralor obtendrá información de la plataforma de registro informático centralizado de carga y actualización pública sobre el uso de recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y gestión de alimentación escolar en el país.
“La idea no es iniciar algo de cero, sino trabajar sobre los proyectos que nosotros ya tenemos, hay algunas adiciones que hay que hacer respecto al proyecto puntual, hay que trabajar en eso en función a cómo quede finalmente el proyecto”, explicó a La Nación/Nación Media Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
Esta cartera actualmente trabaja por el intercambio de informaciones entre instituciones sobre lo cual ya han tenido avances, tanto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), ambas instituciones son cabeceras en el proyecto de “Hambre cero”, y su base de datos integrada será primordial para el control de la ejecución de la alimentación escolar.
“Todo esto está supeditado a un análisis que se tiene que llevar adelante en el Congreso, una vez que se apruebe la ley, a partir de ahí revisaremos los reglamentos y veremos cómo quedan los estándares de llamados a partir de eso, se tiene que trabajar con Contrataciones Públicas con quienes nosotros ya hablamos sobre unos modelos. Todavía hay bastante para hacer, pero ya hemos iniciado ese trabajo para armar y finalizar el diseño del sistema”, remarcó Villate.
La Contraloría tendrá diversas fuentes para obtener información para monitorear la ejecución del plan. Se valdrán de datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de las escuelas y colegios, de los padres de los alumnos, de las rendiciones de cuentas que se presenten, de lo proveído por la sociedad civil y de las empresas contratadas.
Le puede interesar: Pilarenses tendrán oportunidades laborales en su departamento, destaca Alliana