El viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Ariel Martínez, manifestó este lunes que “estamos ante un caso de vulneración de la intimidad de los ciudadanos” con el tema de los cruces de llamadas tras los incidentes del pasado 31 de marzo en la manifestación contra la enmienda y la quema del Congreso.

“El caso tiene varias irregularidades que yo creo que, tanto la Fiscalía como la empresa telefónica involucrada, deben investigar y tomar en serio esto. Estamos hablando de la intimidad de los ciudadanos y de garantías constitucionales que fueron vulneradas”, dijo Martínez, en comunicación con la 970 AM.

Sostuvo que hay un esquema que busca instalar el tema ya que no se puede pedir cruces de llamadas para todos los casos investigados. Además, debe haber un análisis de un juez o un fiscal para determinar si amerita el caso.

A su criterio, pedir cruces de llamadas “para ver qué encontramos” representa un estado totalitario donde no hay garantías ya que se piden los datos sin tener indicios del tema, por lo que necesariamente se debe seguir los requisitos legales.

“Acá se pide extracto de llamadas para ver si el presidente de la República habló con el comandante de la Policía y si el ministro del Interior habló con el presidente en una noche en que se estaba quemando el Congreso y ocurrió una tragedia que le costó la vida a un compatriota”, agregó.

Señaló que el caso de los cruces de llamadas del 31 de marzo pasado viene siendo tapa de los diarios desde hace un buen tiempo con el objetivo de que sea incluido en la carpeta fiscal y luego “presionar” para que se logren imputaciones.

Alegó que es grave que se acceda a los extractos de llamadas de forma irregular de autoridades, personas ligadas al poder o parlamentarios, ya que desnuda las falencias del sistema y “lo fácil que es vulnerar la seguridad del presidente, de su entorno y de parlamentarios”.

“Nos hace ir a tiempos que creíamos haber superado. Tienen que llevarnos a replantear varias cuestiones, tiene que llevarnos a ver quiénes vinieron repitiendo como loros hace diez meses y las acciones que parecieran que siguen ese libreto”, cuestionó el viceministro.

El caso de los cruces de llamadas y escucha de conversaciones telefónicas, en su momento, provocó la expulsión del juez Baltasar Garzón en España ya que habría destapado el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos y que sacó de la política a varios actores.

El cese al cargo del magistrado se dio en el año 2012, justamente por haber ordenado grabar conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, incurriendo en hechos de prevaricato y vulneración de la intimidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que dicha intervención vulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”.