La Dirección de Denuncias Penales informó que la agente fiscal Marlene González fue la asignada por el sistema aleatorio de turnos para que investigue la denuncia presentada por la Inspectoría General del Ministerio Público, sobre un presunto hecho de producción de documentos no auténticos, que involucra a la agente fiscal Brígida Aguilar.
La fiscala Aguilar es acusada de hacer uso indebido de su influencia en su condición de fiscal por una supuesta solicitud de extractos de llamadas de conocidos políticos, abogados y empresarios que nada tenían que ver con una supuesta causa que investiga. La causa es la 466/18.
La fiscal designada al caso, Marlene González, en conversación con la 970 AM, comentó que esta causa ingresa como persona innominada, que aun no es una persona sindicada en esa investigación y que tendrán que empezar de cero en las investigaciones.
“Habrá que pedir informes y otras diligencias, las que sean necesarias para aclarar esta situación”, afirmó. “Queremos conseguir el resultado de la manera más objetiva posible, mi objetivo como fiscal de la causa es llegar a la verdad, es decir saber lo que realmente sucedió”, continuó.
Resaltó que una situación como esta pone nuevamente en riesgo la credibilidad del Ministerio Público y dijo que como miembros están muy dolidos por esta situación que están pasando. “Hoy nos toca a nosotros como institución y obviamente que nos afecta a todos”, manifestó.
Comento además que hoy al reincorporarse de sus vacaciones recibió la noticia de llevar la causa. Sostuvo también que desde que se inicia una investigación hay que ser prudentes ya que es un caso bastante delicado. Agregó que el día de mañana ya estará procesando los informes correspondientes al caso.
ANTECEDENTES
La Inspectoría General inició las diligencias preliminares y determinó remitir los antecedentes a la Dirección de Denuncias Penales ante los elementos colectados.
La gestión de Aguilar fue analizada debido al supuesto pedido irregular de los registros de llamadas entrantes y salientes, localización de las celdas y otros datos a una empresa de telefonía de varias personas, sin contar presuntamente con una orden judicial y en una causa inexistente en la Fiscalía de J. Augusto Saldívar, donde ella prestaba servicios al momento del pedido.