El supuesto caso de acoso sexual se habría registrado en Itaipú Binacional, fue denunciado ante la diputada Olga Ferreira, en su carácter de integrante de la comisión de Derechos Humanos.

La legisladora se reunió con Mariza Irigoyen, la joven pasante de la Binacional que denunció acoso y amenazas por Arturo Giménez, superintendente de Servicios Generales de la Binacional.

La diputada Ferreira pidió al Ministerio de la Mujer, que retire la premiación que otorgó a la Itaipú “Violencias cero”, de acuerdo a un boletín de prensa de la Cámara de Diputados.

“Si tiene el coraje, que quite esa premiación, porque faltan a la verdad. La ministra se llama al silencio, primero con el tema de Desireé Masi (Senadora), que no por ser política no tiene derecho a ser apoyada por el Ministerio que debería defender los derechos del género femenino. Se tiene que proceder a la investigación, son demasiados casos registrados”, refirió.

Consultada si considera que los directivos de la Binacional apañan esta situación, respondió que “no puedo decir que se apañe, pero que no se hace nada, está a la vista de todos”, expresó.

Por su parte, la abogada de la denunciante, Sara Centurión Radice, refirió que su defendida agotó las instancias institucionales, pero los directivos de la Itaipú actuaron con suma complacencia con el denunciado. “Ella está muy afectada emocionalmente, pero destaco la valentía para denunciar, porque muchas mujeres, en su misma situación, no realizan la denuncia por temor. Ella, actualmente, enfrenta una querella penal y lo que más indigna es que toda la Itaipú estaba al tanto, pero no recibió ningún apoyo, ni de sus superiores, ni de sus compañeros”, expresó.

Irigoyen agregó que como toda víctima de violencia de género, también la llegaron a señalar como que “ella misma se buscó”. “Así como dice la Diputada, es lamentable que órganos institucionales como el Ministerio de la Mujer, no se hayan pronunciado. Desde el 2013 se registran casos de denuncias, pero la justicia es muy complaciente y en varios casos las víctimas tuvieron que llegar a acuerdos con los supuestos victimarios. Contamos con todos los elementos probatorios y también quedan en poder de la diputada”, concluyó la profesional del derecho.