La representante del Ministerio Público confirmó también que citará a los docentes Antonio Moroni y María Bogado, en el marco de la investigación por supuesta usura y estafa por parte de Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y candidato a concejal departamental por el movimiento Colorado Añetete y Rafael Sotelo, ex tesorero de la Asociación de Educadores del Paraná (AEP).

La denuncia fue presentada el pasado jueves 26 de octubre. Tanto Moroni como Bogado estuvieron acompañados de su defensor, el abogado Carlos Amarilla, y manifestaron que Piris -en complicidad de Sotelo- lo despojaron irregularmente de un total de G. 62 millones, rellenando pagarés en blanco ya cancelados que habían firmado para la anterior administración a los efectos de utilizarlos para sus beneficios personales.

Además de estas dos víctimas, existen otros seis maestros que aparentemente cayeron en el mismo modus operandi, algunos de ellos son: José Villar, Aurora González, Luis Alberto Capurro, Virginia González y Rufina Ocampo. “Estoy iniciando las primeras diligencias, primeramente voy a citar a los denunciantes para más tardar la próxima semana, quiero escuchar la versión de ellos. También voy a solicitar todos los documentos necesarios a las entidades bancarias que los afectados nombran en su denuncia. Además voy a pedir informes al Banco Central del Paraguay (BCP), ya que ellos también hablan de una supuesta usura”, aseguró Arriola.

Los denunciantes Antonio Moroni y María Bogado fueron miembros de la Asociación de Educadores del Paraná por muchos años, anterior a Silvio Piris estuvo como presidente el profesor José Villar, quien para facilitar el acceso a créditos a los docentes llegaron a un acuerdo con una entidad financiera de la zona, tanto Moroni como Bogado accedieron a varios préstamos a través de la Aso. La metodología para realizar la transacción consistía en firmar el pagaré para la financiera al momento de retirar el dinero y además firmar otro pagaré para la Asociación, ya que ella sería la garante del solicitante y el documento serviría de respaldo en caso que la persona se retire del gremio y ya no pueda hacerse cargo de su deuda. Según los denunciantes, en su mayoría estaban en blanco, pero nadie se opuso a la firma debido a la confianza hacia el ex director. Cuando el crédito era finiquitado el documento era entregado cada vez que los titulares iban a reclamarlo, sin embargo no todos lo hicieron y varios de los pagarés quedaron archivados.

En el año 2008 Piris y su clan tomaron la administración de la Aso aparentemente bajo engaños. Según el relato de los ocho docentes a La Nación, los nuevos administradores del gremio inventaron un faltante de G. 220 millones, convocaron a una asamblea para poner en conocimiento de los socios lo que supuestamente ocurrió y con esa excusa lograron desvincular a José Villar y ocupar ellos el lugar. Poco después ya comenzaron las primeras irregularidades, siempre según en el testimonio de los denunciantes. Aparentemente Piris triplicó el monto del supuesto faltante haciendo creer que en realidad no eran G. 220 millones como lo dijo inicialmente, sino que en total faltaban G. 1.000 millones. Con este argumento denunció a José Villar y a Virginia González, quien se desempeñó varios años como tesorera de la Asociación.

Antes del cambio de autoridades, la Asociación de Educadores del Paraná tenía varios bienes a su nombre, incluso contaba con una sede propia, pero esto fue cambiando a medida que pasaban los meses, porque los nuevos directivos poco a poco iban vendiendo todo lo que encontraban a su paso, siempre utilizando la excusa del supuesto faltante. Fue así que se despojaron de la propiedad donde funcionaba la sede, prefirieron alquilar una pequeña oficina en un edificio ubicado en el centro de Encarnación. Además contaban con un almacén de consumo con equipos y mercaderías por valor aproximado de G. 100 millones, más equipos de informáticas, todo lo negociaron a su antojo. No conformes con eso, vendieron la cartera de créditos de los docentes asociados por valor de G. 826.018.200, a otra entidad bancaria también de la zona.

Lo más llamativo del caso Silvio Piris es que, según documentos al que tuvo acceso La Nación, se puede constatar que el docente hace uso y abuso de su licencia gremial desde el año 2016, es decir, no se presenta a su lugar de trabajo desde hace dos años, pero exige un aumento salarial del 8% más por encima del compromiso adquirido por el gobierno. Cabe mencionar que la licencia otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dice claramente que es sin goce de sueldo, y entonces: ¿de dónde estaría sacando Piris Rojas todo el dinero para vivir con tantos lujos?

Mensualmente el MEC deposita el salario en la cuenta de cada educador, incluyendo a aquellos que cuentan con licencia, pero éstos “benefi ciados” están obligados a hacer una devolución total de lo percibido. Silvio Piris, en un comunicado en las redes sociales, asegura contar con todas las boletas de depósito de las devoluciones que hizo al Ministerio durante estos dos años y que lo estará publicando próximamente.

Tanto las víctimas como la ciudadanía en general aguarda con ansias que esto ocurra, a fi n de descartar la posibilidad de que por algún motivo o descuido suyo se le haya olvidado devolver el salario que no le corresponde. Si no demuestra la devolución, se expone a un sumario interno en el MEC