El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, lamentó que los jueces no ordenen la utilización de los dispositivos.

El Ministerio de Jus­ticia cuenta con un stock de aproximada­mente 900 tobilleras electró­nicas disponibles y una par­tida presupuestaria de USD 3 millones sin ejecutar a ple­nitud, según reveló el minis­tro Rodrigo Nicora ante la Comisión Bicameral de Pre­supuesto. Durante su presen­tación en el Congreso, la auto­ridad lamentó que solo unas 200 unidades se encuentren efectivamente instaladas en las calles, lo que representa apenas un 20 % de la capaci­dad operativa instalada para casos de violencia familiar y restricciones judiciales.

La disponibilidad inmediata abarca cerca de 700 disposi­tivos de última tecnología lis­tos para ser implementados, respaldados por la sostenibi­lidad financiera garantizada por el Estado. En ese sentido, Nicora enfatizó la urgencia de ampliar el despliegue del sistema de control prehospi­talario y preventivo: “Y eso es lo que nosotros buscamos incansablemente, que se uti­lice a mayor escala. Son 3 millones de dólares en presu­puesto que están disponibles para que se apliquen justa­mente para proteger”, expresó el secretario de Estado.

En cuanto a la capacidad téc­nica, los dispositivos funcio­nan mediante un sistema de geolocalización en tiempo real vinculado directamente a una aplicación móvil en el teléfono de la víctima. Ante cualquier intento de mani­pulación, corte de correa o interrupción de la señal, la plataforma emite una alerta instantánea que activa de forma simultánea a la víc­tima y a la patrulla del Grupo Lince más cercana, garanti­zando un auxilio inmediato ante una eventual aproxima­ción del agresor.

Pese a contar con la infraes­tructura y la cobertura eco­nómica requeridas, la car­tera de Estado recordó que no posee la potestad legal para colocar las tobilleras de manera unilateral. La apli­cación de la medida cautelar recae estrictamente en la jurisdicción magistral, por lo que Nicora apeló al criterio y a la confianza de los magis­trados: “El que dispone es el juez y el juez tiene que sen­tirse seguro de que su deci­sión está amparada en una tecnología que es efectiva”, puntualizó.