Se fijó para los días 14 y 15 de octubre las fechas de la audiencia de imposición de medidas.

La jueza penal de garan­tías Cynthia Lovera admitió la imputa­ción, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre las fechas de la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Auto­res Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un pre­sunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.

En la citada diligencia judi­cial se conocerán si los pro­cesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán deriva­dos a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autori­zado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supues­tamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.

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Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formu­laron la imputación con­tra el presidente, el director general, el director finan­ciero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.

Los imputados son: David Herminio Portillo Bianco­tti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, direc­tor general; Juan José María Vidal Bonín, director admi­nistrativo y financiero, y Wal­ter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

DESVÍO DE FONDOS

En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, desti­nado originalmente a la adqui­sición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artícu­los adquiridos. Asimismo, el Juzgado Penal de Garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del reque­rimiento conclusivo.

Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comu­nicarse entre sí y la presen­tación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.

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