El Instituto de Previsión Social precederá a la medida debido a que detectó una baja rentabilidad.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revi­sión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimo­nio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terre­nos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de ape­nas G. 627 y G. 675 por hectá­rea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un ren­dimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verifica­ción de la vigencia de los acuer­dos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, consi­derando que varios de estos compromisos fueron firma­dos hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurí­dica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administra­ción analiza la posibilidad de subastar públicamente aque­llos inmuebles que no gene­ren un retorno adecuado. La medida se respalda en la legis­lación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su apli­cación efectiva.

León contex­tualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios econó­micos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utili­dad de cada terreno serán ana­lizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.