El Simposio Internacional Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna mostró que las tobilleras electrónicas pueden constituir una herramienta de gran valor.

Paraguay analizó avances, desafíos y buenas prácticas en el Sim­posio Internacional Moni­toreo Electrónico y Justicia Moderna, un espacio impul­sado por el Ministerio del Inte­rior, con el apoyo de la Emba­jada de los Estados Unidos por las celebraciones de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos.

El evento realizado el miér­coles 24 de junio en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay (BCP) reunió a autoridades nacionales, representantes del sistema judicial y expertos interna­cionales para intercambiar experiencias sobre el uso de tecnologías aplicadas a la seguridad pública, la super­visión judicial y la reinser­ción social.

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La apertura estuvo a cargo de su excelencia, el presidente de la República del Paraguay, San­tiago Peña, para dar lugar a la exposición magistral del hono­rable juez William J. Nelson, juez del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana, Estados Unidos. Dicha juris­dicción es una de las pioneras en la implementación de pro­gramas de monitoreo electró­nico desde finales de la década de 1980.

El magistrado abordó la evo­lución de estas herramientas como alternativa al encar­celamiento tradicional, los marcos legales que regulan su utilización, los desafíos vincu­lados a la protección de dere­chos fundamentales y las lec­ciones aprendidas en materia de supervisión comunitaria, rehabilitación y reinserción social.

“Las tobilleras electrónicas incidieron en reducir la rein­cidencia hasta un 31 % en per­sonas sometidas a monitoreo electrónico, además de con­tribuir a disminuir la sobrepo­blación carcelaria, reservando estos espacios para los casos de mayor riesgo. Favorece a la rehabilitación y reinserción social, permitiendo que las personas mantengan empleo y responsabilidades familia­res mientras cumplen medi­das judiciales”, explicó el juez.

En Paraguay, el sistema de monitoreo electrónico con­tinúa avanzando como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de medidas judiciales y la protección de víc­timas. Desde su puesta en fun­cionamiento a finales de 2024, se registraron 355 tobilleras electrónicas instaladas, de las cuales 225 ya fueron desinsta­ladas tras el cumplimiento de las medidas correspondientes, mientras que 130 permanecen activas.

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