El Ministerio de Justicia sospecha de complicidad de los guardias tras hallazgo de drogas y objetos prohibidos en Minga Guazú.

El Ministerio de Justi­cia inició una inves­tigación interna en el penal de Minga Guazú luego de que dos requisas realiza­das entre el feriado del vier­nes y el sábado último per­mitieran descubrir celulares, drogas y otros objetos prohi­bidos en poder de personas privadas de libertad.

La inspección se realizó en los módulos 6 Alta y 7 del Cen­tro Penitenciario de Rein­serción Social, donde fueron incautados cinco celulares, cargadores y porciones de presunta cocaína (68,2 gra­mos) y marihuana (91,3 gra­mos) en una de las celdas del módulo 6.

Asimismo, los intervinien­tes hallaron cables, alargues caseros, armas de fabricación artesanal y detectaron com­partimientos clandestinos ocultos bajo el piso y cone­xiones eléctricas irregulares utilizadas para mantener en funcionamiento los disposi­tivos móviles.

Además, en el procedimiento efectuado en el pabellón A Alta localizaron frutas en proceso de fermentación que presun­tamente eran utilizadas para la fabricación clandestina de bebidas alcohólicas.

Tras el hallazgo, el director del penal, Saúl Hugo Salinas Gon­zález, comunicó el hecho a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 8.ª de Minga Guazú acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Departa­mento Antinarcóticos.

El caso fue comunicado al fis­cal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien dispuso la remisión de las sustancias y los aparatos incautados a su unidad para las diligencias correspondientes.

El operativo se realizó tras previos controles motivados por avistamientos de drones cerca de módulos de internos de alto perfil y tras recientes traslados disciplinarios en el penal. El operativo derivó en la separación de varios internos considerados de alta peligrosidad, a fin de reducir riesgos y mantener el control dentro del establecimiento.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos y Antico­rrupción abrió una investi­gación para determinar cómo ingresaron los objetos prohi­bidos al establecimiento y si existió participación o com­plicidad de funcionarios peni­tenciarios en estos hechos. Las autoridades anunciaron que se analizarán todas las evidencias para identificar posibles responsables.