Acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral contra médicos residentes serían causales.

El Ministerio de Salud ordenó la interven­ción del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hos­tigamiento y violencia labo­ral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias”, manifestó ayer el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM. Añadió que desde el momento que apareció la pri­mera denuncia puntal de una médica residente, hace apro­ximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acu­sados, el jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes. “Las personas denunciadas fueron separa­das de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue pre­sentada ante la Secretaría Anti­corrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocu­rrido el año pasado en el servi­cio de cirugía. Según expresio­nes del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores. Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación Penal 3.ª Sala, inte­grado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, decidió confirmar la condena aplicada por el Tribunal de Sentencia a Carlos Granada.

Cabe recordar que el perio­dista y exgerente de prensa del SNT había sido senten­ciado a 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de coac­ción, coacción sexual y acoso sexual, luego de múltiples denuncias formuladas en su contra. Los magistrados con­sideraron que la pena fue apli­cada correctamente, razón por la que –a su criterio– no existen elementos que pudie­ran motivar su anulación y dejarla sin validez.