Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 15 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de abuso sexual en niños. El colegiado estaba presidido por el juez Juan Pablo Mendoza e integrado por los magistrados Carlos Hermosilla y Héctor Fabián Escobar.
El fiscal del caso fue Federico Leguizamón, quien arrimó todos los elementos de prueba para que el colegiado pueda dictar sentencia condenatoria, los que efectivamente fueron tomados en cuenta a la hora de la evaluación y análisis del caso.
Durante un juicio oral, se detalló que el hoy condenado abusó sexualmente de su hijastra en su propia casa, y que lo hizo en varias oportunidades, desde que la niña tenía apenas 9 años hasta que cumplió los 11 años de edad. El acto fue siempre bajo amenaza, e inclusive le mostraba videos pornográficos a la víctima.
DENUNCIA
La denuncia pudo realizarse a través de la ayuda de los compañeros de la niña y docentes de la escuela a la que acudía. Ante la gravedad del hecho, de inmediato tomó intervención el Ministerio Público que presentó la imputación y luego la acusación contra el hoy condenado.
El sentenciado seguirá cumpliendo su condena, privado de libertad y los datos de la víctima y victimario se omiten en salvaguarda de la afectada, considerando la legislación vigente. La defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial de primera instancia y en caso de ser así será un tribunal de segunda instancia quien tendrá que evaluar y decidir si corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.
Fiscal acusa a mujer que habría obligado a su hija a prostituirse
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El fiscal José Silguero presentó acusación contra una mujer de 28 años por obligar, supuestamente, a su hija menor de 12 años a mantener relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de dinero. El proceso es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber del cuidado. El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
El agente del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral. De acuerdo a la acusación basada en la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en la vivienda familiar ubicada en el barrio Jardín de América, del municipio de Santa Rita. Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 11 años y desde ese momento fue sometida sexualmente a la fuerza en reiteradas ocasiones, según la denuncia.
La víctima relató ante una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, que era amenazada, golpeada y maltratada por sus victimarios, ante su resistencia a padecer los actos sexuales. Refirió que su negativa era respondida por los hombres siendo sometida sexualmente, con quienes su madre consentía que la llevarán.
ELEMENTOS INCRIMINATORIOS
El fiscal José Silguero obtuvo diversos elementos que considera incriminatorios para presentar la acusación y pedir el juicio público de la madre de la víctima. Algunos de esos elementos son la inspección del médico forense, la evaluación psicológica y la entrevista en la cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de pruebas. El representante público solicitó además que la grabación de dicha entrevista sea exhibida en el juicio oral y público, cuando sea desarrollado.
El agente explicó a La Nación/Nación Media que la mujer se reunía y bebía con varios hombres mayores en su casa y estando en esa situación, permitía que sometan sexualmente a su niña, a cambio de dinero, según lo relatado por la víctima en la cámara Gesell.
El abuso sexual se concretaba en la misma casa de la mujer y donde vivía la niña también. Los hombres llegaban a la casa para ese fin, refirió el fiscal Silguero. La mujer tenía una pareja con quien tuvo tres niños, pero el hombre se fue de la casa hace unos meses y llevó a sus tres hijos menores de edad a vivir con él.
El exmandatario Martín Vizcarra es acusado del delito de cohecho pasivo cuando se desempeñaba en el cargo de presidente regional de Moquegua. Foto: AFP
Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
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El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
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Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativoque posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
Condenan a 5 años de cárcel a un hombre por abuso sexual
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Un tribunal de sentencia, integrado por los magistrados Rossana Maldonado, Juan Ortíz y Manuel Aguirre, condenó a 5 años de cárcel a un hombre luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La fiscala Yeimy Adle, quien representó al Ministerio Público, logró la condena de un hombre que fue hallado culpable por abuso sexual en niños. En el juicio oral, se pudo demostrar la participación del acusado en los abusos de los cuales resultó víctima su hijastra de 11 años.
En sus alegatos finales, la fiscala Adle remarcó que el hecho punible atribuido al acusado se perpetró el 16 de enero de 2022, ocasión en que el hombre aprovechó que su pareja quedó dormida y su hijastra estaba acostada en el sofá, con las luces apagadas.
La médica forense del Ministerio Público, María Sol Espínola, informó que, según la inspección ginecológica realizada pocas horas después el hecho, la víctima sufrió en la línea media una escoriación lineal de aproximadamente 1 centímetro de longitud. La profesional explicó que la lesión era compatible con la descripción dada por la pequeña.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.