La investigación sobre la tuberculosis (TB) en entornos carcelarios es crucial debido a la alta pre­valencia y el riesgo elevado de propagación de la enfer­medad en estas poblaciones. Las cárceles representan un espacio de convergencia de factores de riesgo indi­viduales, institucionales y ambientales que aumentan la vulnerabilidad a la TB. Comprender la dinámica de la enfermedad dentro de las prisiones no solo es vital para proteger la salud de las perso­nas privadas de libertad, sino también para salvaguardar la salud pública en general.

Investigaciones rigurosas en este ámbito no solo permiten identificar los determinan­tes de la TB en las cárceles, sino que también facilitan el diseño y la implementación de estrategias efectivas de prevención, detección y tra­tamiento, contribuyendo así a mitigar la carga de la enfer­medad tanto dentro como fuera de las instalaciones penitenciarias.

Una investigación realizada por profesionales destaca la necesidad urgente de medi­das de control para proteger la salud de personas priva­das de libertad. El estudio se realizó en cinco cárceles de Paraguay y reveló un alar­mante riesgo de tuberculosis (TB), tanto durante el encar­celamiento como después de la liberación. Los hallaz­gos resaltan la urgencia de implementar medidas efi­caces de control para abor­dar este problema de salud pública.

El estudio, llevado a cabo por un equipo de investigadores, utilizó un modelo estadís­tico para analizar el riesgo de TB y los factores asocia­dos con esta enfermedad en la población carcelaria. De un total de 2.996 personas encarceladas estudiadas, se diagnosticó tuberculosis en 451 individuos, lo que repre­senta el 15,1 % de la muestra. De estos casos, el 58,1 % se produjo durante el tiempo en prisión, mientras que el 41,9 % ocurrió después de la libera­ción y la reincorporación a la comunidad.

La tasa general de notifica­ción de tuberculosis fue de 2.940 por cada 100.000 perso­nas-año, aumentando con la duración del encarcelamiento de 1.335 por 100.000 perso­nas-año en el primer año hasta 8.455 por 100.000 per­sonas-año después de 8 años.