Unos 6.000 trabajadores de empresas vinculadas al Grupo Vázquez y de Ueno Bank, un universo que representa a casi 40.000 personas al incluir a sus núcleos familiares, difundieron un pronunciamiento público para exigir el pago urgente de sus liquidaciones y reclamar ser incluidos en los esquemas de respuesta ante la crisis financiera.
En el comunicado, los empleados sostienen que confiaron en las señales de estabilidad transmitidas por las autoridades y los organismos de control, y cuestionan que su situación quede relegada frente a otras medidas estudiadas para mitigar el impacto del caso. “Hoy nuestras familias enfrentan las consecuencias de una crisis que no provocamos y seguimos esperando nuestras liquidaciones”, señalan.
Alcance laboral y rechazo a la estatización
Los firmantes precisaron que el impacto laboral no se limita a firmas tecnológicas, ya que diversas empresas vinculadas al grupo —entre ellas ITTI— concentraban en sus planillas a trabajadores que cumplían tareas directas para la operativa de Ueno Bank bajo otras razones sociales.
Asimismo, el colectivo marcó postura frente a las discusiones sobre el futuro de las firmas del grupo: expresaron que no respaldan un proyecto de ley que plantea que el Estado asuma la administración de las empresas del Grupo Vázquez.
Los pedidos urgentes al Estado
El reclamo fue dirigido a la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio de Industria y Comercio y el Congreso Nacional, con dos ejes centrales:
Cobro inmediato de liquidaciones: Reclaman un mecanismo que permita abonar salarios e indemnizaciones pendientes sin aguardar el cierre de remates, ventas o liquidaciones de activos, planteando que esos recursos puedan recuperarse luego con el producido de dichos procesos, sin pedir un subsidio definitivo.
Mesa de trabajo y cronogramas: Exigen información clara, plazos concretos y una instancia formal de diálogo con representantes de los trabajadores que fije fechas y compromisos verificables.
Finalmente, los empleados pidieron que se esclarezcan las responsabilidades institucionales de los órganos de supervisión y advirtieron que no aceptarán quedar al margen de las definiciones que se adopten para resolver el conflicto.
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