El exdirector jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, imputado en el caso Ueno Bank, acudió este martes a su audiencia de imposición de medidas ante el juez Osmar Legal.
El abogado es investigado por la presunta modificación y supresión de datos técnicos críticos en el informe remitido a la Cámara de Senadores sobre la situación financiera del banco quebrado.
El exdirectivo fue imputado por lesión de confianza, falsificación y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Los fiscales solicitaron su prisión preventiva y medidas cautelares sobre sus bienes.
En ese sentido, el juez Legal inhibió al director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Asimismo, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
A pedido del Ministerio Público y tras la imputación a Rodríguez, el juez dictó las medidas cautelares para inmovilizar y asegurar los bienes del imputado. Además, también ordenó el bloqueo e inmovilización de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos y demás productos financieros registrados a nombre del mismo, cualquiera sea el monto.
El juzgado también dispuso librar oficios a la Dirección General de los Registros Públicos y al Registro Único del Automotor para identificar e informar sobre los bienes inmuebles y muebles que figuren a nombre del imputado. La resolución también alcanza a las entidades bancarias, financieras, cooperativas y organismos como Catastro y Senacsa.
Aldo Javier Rodríguez González se presentó voluntariamente ante las autoridades el domingo último, tras una orden de detención en su contra, en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.
El funcionario es investigado por su presunta participación en la modificación de un informe técnico remitido al Senado, que habría omitido información sobre la situación financiera del banco y una operación de USD 74,4 millones.
Sin embargo, la abogada Raquel Talavera, refirió que su trabajo consistía en elaborar informes, emitir pareceres y realizar correcciones antes de que los documentos fueran firmados. Según la defensora, esa tarea “no implica adulteración” y la responsabilidad por el contenido de un informe corresponde a quien lo firma.

