Un asistente fiscal del Ministerio Público fue denunciado tras acribillar a balazos a Polar, un perro que pertenecía a una familia vecina en la compañía Tuju Puku, de la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú. La tragedia cobra aún mayor gravedad al confirmarse que la mascota ejercía un rol vital como soporte terapéutico de un niño con trastorno del espectro autista (TEA).

Según los datos preliminares de la investigación, el animal logró escaparse e ingresó a la propiedad colindante, donde presuntamente persiguió a unas ovejas que pastaban en la zona. Sin embargo, la reacción del propietario del inmueble desencadenó un ensañamiento extremo: encerró al canil dentro de una habitación para ejecutarlo, empleando para el ataque una escopeta de cacería.

El director nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubin, repudió categóricamente la barbarie perpetrada y brindó impactantes detalles sobre el hecho. “Fue un caso extremadamente cruel. El perrito de la familia se escapa, se va a la casa del vecino y, según dice este sujeto, mata a una oveja. Ante eso, esta gente se vuelve absolutamente loca, encierra al perro dentro de una habitación y le empieza a disparar. Llevaban 10 tiros con escopeta y no lo mataban, hasta que en el tiro número 11 lo lograron matar con un ensañamiento brutal”, manifestó a la 1080 AM.

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Crueldad y chantaje

A la saña del ataque se sumó una posterior actitud extorsiva contra los acongojados dueños del animal. Las autoridades y los propios afectados denunciaron que el funcionario presuntamente exigió una suma de dinero a cambio de entregarles el cadáver de la mascota. “No solamente eso, sino que luego dicen que este sujeto no les quería entregar el cuerpo del perro y les pide dinero para entregarles el cuerpo. Es un caso bastante turbio, bastante sucio, donde está implicado un asistente fiscal”, enfatizó Rubín.

Ante la gravedad del suceso, los familiares radicaron la denuncia policial correspondiente en la comisaría local y recibieron acompañamiento institucional inmediato. En respuesta, la agente fiscal Noelia Montanía, de la Fiscalía Regional de Coronel Oviedo, intervino de oficio y abrió una carpeta de investigación penal por la figura de maltrato animal contra el funcionario público implicado.

Actualmente, las actuaciones interinstitucionales continúan en etapa inicial para colectar mayores elementos de convicción y determinar la responsabilidad penal del acusado. Tanto la Dirección de Defensa Animal como la ciudadanía exigen un castigo ejemplar para el responsable, en un caso que puso al descubierto un inaceptable episodio de violencia extrema e insensibilidad social.

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