El Ministerio de Justicia cuenta con un stock de aproximadamente 900 tobilleras electrónicas disponibles y una partida presupuestaria de USD 3 millones sin ejecutar a plenitud, según reveló el ministro Rodrigo Nicora ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Durante su presentación en el Congreso, la autoridad lamentó que solo unas 200 unidades se encuentren efectivamente instaladas en las calles, lo que representa apenas un 20 % de la capacidad operativa instalada para casos de violencia familiar y restricciones judiciales.

La disponibilidad inmediata abarca cerca de 700 dispositivos de última tecnología listos para ser implementados, respaldados por la sostenibilidad financiera garantizada por el Estado. En ese sentido, Nicora enfatizó la urgencia de ampliar el despliegue del sistema de control prehospitalario y preventivo: “Y eso es lo que nosotros buscamos incansablemente, que se utilice a mayor escala. Son 3 millones de dólares en presupuesto que están disponibles para que se apliquen justamente para proteger”, expresó el secretario de Estado.

En cuanto a la capacidad técnica, los dispositivos funcionan mediante un sistema de geolocalización en tiempo real vinculado directamente a una aplicación móvil en el teléfono de la víctima. Ante cualquier intento de manipulación, corte de correa o interrupción de la señal, la plataforma emite una alerta instantánea que activa de forma simultánea a la víctima y a la patrulla del Grupo Lince más cercana, garantizando un auxilio inmediato ante una eventual aproximación del agresor.

Pese a contar con la infraestructura y la cobertura económica requeridas, la cartera de Estado recordó que no posee la potestad legal para colocar las tobilleras de manera unilateral. La aplicación de la medida cautelar recae estrictamente en la jurisdicción magistral, por lo que Nicora apeló al criterio y a la confianza de los magistrados: “El que dispone es el juez y el juez tiene que sentirse seguro de que su decisión está amparada en una tecnología que es efectiva”, puntualizó.

Las autoridades del Ejecutivo ratificaron su compromiso de colaborar con el Poder Judicial para agilizar los protocolos de colocación y asegurar el monitoreo efectivo de las medidas de protección. Con este llamado a la coordinación interinstitucional, el Gobierno busca optimizar los recursos públicos asignados y dotar de mayor seguridad a las víctimas de violencia en todo el país.