El Ministerio de Salud Pública activó un abordaje multidisciplinario e interinstitucional para brindar asistencia integral a las familias afectadas por las inundaciones. La iniciativa busca reforzar la atención territorial y prevenir eventuales brotes de enfermedades en las comunidades damnificadas.
En el marco de este plan, la cartera sanitaria intensificó la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de un incremento de casos de dengue, leptospirosis y gastroenteritis. Las acciones contemplan rigurosos controles de seguridad y bioseguridad para proteger tanto a los pacientes y sus familias como al personal médico desplegado.
Por su parte, el ministro de Salud, Isaías Fretes, explicó que la respuesta abarca el monitoreo de la calidad del agua, la cobertura de las Unidades de Salud de la Familia y la logística de transporte. Estas tareas se ejecutan en forma coordinada con diversos organismos del Estado para garantizar una atención continua y eficiente.
Profundizar la articulación interinstitucional
Las medidas se definieron durante una sesión del Gabinete Social encabezada por el presidente Santiago Peña, quien instruyó profundizar la articulación entre las instituciones públicas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En el encuentro se confirmó además que ya se ha ejecutado el 51 % de las acciones territoriales programadas.
La SEN informó la instalación de un Centro de Operaciones de Emergencia en Ciudad del Este para coordinar la ayuda a más de 150 familias afectadas por la crecida del río Acaray. A la par, el Ministerio de Desarrollo Social reportó la conformación de 14 Mesas de Protección Social en los distritos priorizados según el mapa de pobreza.
El director de Redes y Servicios de Salud, Gustavo Ortiz, enfatizó que la protección social, la contención sanitaria y la asistencia directa a los sectores más desfavorecidos seguirán siendo las prioridades centrales durante los próximos meses.