La historia de María Fernanda “Mafe” Benítez, una adolescente de 17 años víctima de un brutal feminicidio en mayo de 2025 en Coronel Oviedo que conmocionó al país, trascendió el dolor para convertirse en un instrumento de protección para miles de niños, niñas y adolescentes.
La Ley N.º 7605/2025, conocida como la Ley Mafe, comenzó a demostrar su importancia al permitir una reacción más rápida de las autoridades ante denuncias de desaparición y situaciones de alto riesgo para personas vulnerables.
La Ley Mafe creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata, eliminando la espera obligatoria de 24 horas para iniciar una búsqueda. Desde su promulgación, cualquier denuncia debe ser atendida de manera inmediata.
Además, incorporó un sistema de difusión masiva mediante Facebook, Instagram y Messenger, que permite enviar alertas con fotografías y datos de la persona desaparecida a usuarios ubicados en un radio de hasta 160 kilómetros, multiplicando las posibilidades de una localización temprana.
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Los primeros casos reflejan el impacto de la normativa
La utilidad de la ley ya comenzó a evidenciarse en casos recientes. Uno de ellos fue el de una adolescente de 17 años que logró ser rescatada tras haber sido raptada por un ciudadano argentino, luego de la rápida activación de la Alerta Mafe y la coordinación entre las instituciones intervinientes.
Otro caso fue el de una niña trasladada a la Argentina por su padre, cuya desaparición también activó el sistema de alerta, permitiendo una amplia difusión de la información y fortaleciendo la cooperación para su localización.
Aunque cada caso presenta circunstancias diferentes, ambos ponen de manifiesto el valor de actuar durante las primeras horas, consideradas determinantes en toda investigación por desaparición.
Una ley nacida del dolor para proteger vidas
La principal innovación de la Ley Mafe es el principio de “cero espera”. Ya no es necesario aguardar 24 horas para denunciar una desaparición, una demora que históricamente podía comprometer el éxito de una búsqueda.
La normativa busca que las instituciones reaccionen de forma inmediata y que la ciudadanía también participe, recibiendo alertas en sus dispositivos móviles para colaborar con información que permita localizar rápidamente a personas en situación de vulnerabilidad.
El nombre de la ley mantiene viva la memoria de María Fernanda Benítez, cuya muerte impulsó un cambio legislativo orientado a evitar que otras familias atraviesen la misma tragedia.