Un grupo de socios de Autores Paraguayos Asociados (APA), que presentó denuncias ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades de la comisión directiva encabezada por David Portillo, respondió a un comunicado de la entidad rechazando que tuvieran un interés electoral para la renovación de autoridades en 2027, ratificaron sus reclamos y exigen una auditoría forense contable.
Son dos denuncias presentadas por una decena de socios de la entidad de gestión de derechos autorales ante el Ministerio Público por supuestos hechos de “sobrefacturación de los regalos de fin de año Jopói y Bolso Navideño; autoasignación de salarios, nepotismo y apropiación de regalías”. La causa está a cargo del fiscal Juan Leonardi Guerrero.
Portillo acudió a la redacción de Nación Media para dar su versión señalando que “es falso y no existe un sobrecosto de G. 713 millones” en la compra de regalos navideños distribuidos a los asociados en diciembre último. “APA está auditada por la Dinapi que es el ente de control por parte del Estado y todas han salido positivas porque la entidad goza de buena salud financiera”, alegó en otro pasaje de su descargo.
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El 12 de marzo, APA difundió un comunicado que, en un pasaje, manifiesta: “Rechazamos las acusaciones mal intencionadas y tendenciosas de un sector minoritario de socios que pretenden ensuciar la labor de esta Comisión Directiva, sector que sin contar con una representación real de quienes verdaderamente sostienen con su creación el sistema de derechos autorales, recurren a acusaciones falsas más allá de mancillar la encomiable labor de sus miembros, desprestigian a la institución misma y a la gestión colectiva por los derechos de autor, como parte de una campaña de desinformación, con el único objetivo de conseguir adeptos, defraudando la buena fe del socio, con miras a la elección de autoridades del próximo año 2027”.
Firman la nota: David Portillo Bianciotto (presidente), Lourdes Sarubbi de Torres (vicepresidenta), Walter Cabrera Martínez (tesorero), Baldovino Díaz Villalba (secretario) y los miembros titulares Eudelio Franco Rojas, Hugo Carlos González Meza, Francisco Giménez Britos, Carlos Ramón Brítez Báez, Virgilio Cabrera, Luis Galarza Soto, Mariano González Martínez y Guido Cheaib Núñez, quienes sostienen que colaborarán con la investigación fiscal.
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Respuesta de los denunciantes
En reacción a la versión emitida por los directivos de APA, los socios denunciantes lanzaron un “comunicado urgente” con las firmas de Emilio Duarte López, Roberto Pinto, José D. Portillo, Juan de la Cruz Coronel, Dionisio Rodríguez, Julián Miranda González, Nidia Rodríguez, José Luis Barboza, José Brítez Ortega, Lucas Benítez, Vicente Jiménez, Juan Carlos González Cardozo, Lázaro López y José E. Rojas, entre otros.
“La verdad no se dirime con adjetivos, se demuestra con cuentas claras. A los socios de APA, a los custodios del arte y a la opinión pública”, inicia el comunicado. “Ante el reciente intento de la Comisión Directiva de APA de victimizarse mediante un comunicado vacío de datos y cargado de retórica evasiva, los socios denunciantes, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de contralor y transparencia, manifestamos lo siguiente”:
I. La falacia del “ataque político” vs. la realidad contable
La actual administración pretende reducir una denuncia de corrupción estructural a una simple “campaña electoral”. Rechazamos categóricamente esta maniobra de distracción. Nuestra plataforma no es política, es fiscalizadora. No buscamos cargos, buscamos el fin de la impunidad en el manejo del patrimonio de los autores paraguayos.
II. Radiografía del abuso: cifras que la directiva no puede explicar
Mientras la Directiva habla de “gestión celosa”, la realidad de los números en la Fiscalía General del Estado presenta un escenario de presunto enriquecimiento indebido y lesión de confianza:
Salarios de privilegio: denunciamos que el Sr. David Portillo percibe ingresos totales por G. 35.990.909 (G. 33.072.727) como presidente y G. 2.918.182 adicionales como director de escuela de música, cargo ad honorem en la administración anterior y sin la venia de la actual Comisión Directiva. Es un agravio al sector cultural que el presidente de una entidad de gestión colectiva gane más que el propio presidente de la República.
La “caja negra” de Presidencia: exigimos la rendición de cuentas inmediata de una caja discrecional de G. 100.000.000 (con indicios de alcanzar los G. 200.000.000) manejada sin control administrativo ni transparencia estatutaria.
Nepotismo institucionalizado: el nombramiento de un pariente político como director general con un salario de G. 32.000.000 no es “defensa de los derechos de autor”, es una afrenta moral y administrativa que desangra los fondos que pertenecen a los socios.
Sobrefacturación y tercerización sospechosa: el pago de más de G. 700.000.000 por “servicios de empaquetamiento” a empresas de dudosa procedencia es, jurídicamente, una conducta que requiere una auditoría forense contable inmediata.
III. La justicia no es una “instancia administrativa”
La directiva nos acusa de no “agotar instancias internas”. Respondemos con claridad: ante la sospecha de hechos punibles, la instancia es el Ministerio Público. No seremos jueces y parte en un sistema diseñado por los mismos que hoy son denunciados. La transparencia no se negocia en pasillos, se demuestra ante tribunales.
IV. Exhortación a la masa societaria
Compañeros autores: el respeto a una institución de 75 años no se demuestra guardando silencio ante el saqueo, sino denunciando a quienes la deshonran. El “autoritarismo de guante blanco” y las amenazas de esta administración son el último recurso de quienes ya no tienen argumentos.
El documento finaliza: “No nos detendrán con amenaza de expulsión ni con comunicados de prensa. La verdad está en los extractos bancarios y en las carpetas fiscales. ¡Por un APA de los autores y para los autores! ¡Basta de privilegios a costa del talento nacional! ¡La lucha continúa con la unidad y con la verdad... venceremos!”.