Anoche fue detenido el marido de la fiscal Brígida Aguilar, cuya firma se habría utilizado para la solicitud de extractos de llamadas de políticos, empresarios y abogados en forma irregular. La aprehensión ocurrió sobre la avenida Mariscal López y Calle Pinedo, en San Lorenzo.
Se trata de Claudio Romero, el abogado denunciado por coacción por Silvia Vázquez, la supuesta funcionaria de la Fiscalía de J.A. Saldívar, que afirmó que el sujeto se comunicaba con ella para que se haga responsable de la firma de los oficios de parte del Ministerio Público para pedir extractos de llamadas.
La detención ocurrió porque supuestamente uno de los números, a través del cual se dieron las amenazas a Vázquez, corresponde al esposo de la fiscala Aguilar. Romero ya cuenta con antecedentes penales, anteriormente fue procesado por usurpación de título falso debido a que ostentaba la profesión de abogado sin serlo.
"A mí me detienen por coacción por el hecho de haberle llamado a una persona que fungía de asistente fiscal para retirar los oficios de Tigo que el Ministerio Público le asignaba. Hay tres oficios con firmas falsificadas de mi esposa", expresó Romero, en contacto con la 970 AM.
"Doble identidad"
Vázquez refirió que recibía amenazas por parte de Romero para que ella asuma como responsable del plan para engañar a las telefónicas con escritos de causas falsas. Por su parte, Romero señaló: "Solamente le dije (Vázquez) que ya sabemos todos sus datos porque se presentaba con doble identidad".
"El Ministerio Público no tenía ni la más pálida intención de hacer su trabajo. Ella es quien debería estar tras las rejas", dijo Romero
De igual manera, Vázquez afirmó que no conoce a la fiscal Aguilar ni a su marido y que nunca tuvo vínculo alguno con nadie de la fiscalía de J. A. Saldívar.
Según se pudo corroborar una sola compañía telefónica fue la que se hizo eco del escrito de la información solicitada a un correo electrónico supuestamente perteneciente a la unidad fiscal de J.A. Saldívar.
Romero tiene antecedentes por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Incluso cuenta con una condena dictada por el juez de Lambaré Hugo Camé, quien lo sentenció a 2 años de pena privativa de libertad, en el año 2007.
La firma de Claudio Romero se habría utilizado para la solicitud de extractos de llamadas de políticos, empresarios y abogados en forma irregular, en los hechos sucedidos durante las manifestaciones ciudadanas y quema del Congreso el 31 de marzo de 2017.