La abogada Noelia Núñez, promotora de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, explicó en contacto con La Nación, el aspecto legal que rige en el caso del asesinato de la niña indígena en la comunidad ayoreo, distrito de Carmelo Peralta, departamento del Alto Paraguay.

Los pueblos indígenas tienen una ley que los ampara de manera que puedan solucionar internamente los conflictos relacionados a sus etnias. Cada comunidad indígena tiene un orden jerárquico que respetar, y tienen que proceder en función a los DDHH, siempre y cuando no se infrinjan leyes generales.

“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.” - Art. 8 del Convenio la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En este caso, es un hecho ilícito de acción penal pública”, afirma, “desde que hay un abuso y homicidio, se escapa del ámbito comunitario.” Por lo tanto, se debe presentar obligatoriamente una denuncia y la fiscalía debe proceder conforme al protocolo establecido por la Ley 904, los convenios de la OTI, y el artículo 7 de la Ley 1286/98, del Código Procesal Penal de la República del Paraguay. El proceso penal debe ajustarse a la cultura de la comunidad, presentando obligatoriamente un intérprete, testigos de la comunidad, entre otras exigencias.

La abogada asegura que “el proceso penal se debe ajustar a la cultura de la comunidad." Como también, que "es obligatoria la asistencia de un consultor técnico especializado en cuestiones indígenas, que es el mediador, a fin de respetar la diversidad étnica y otorgarle a la fiscalía los elementos de análisis que permitan que tome las decisiones más acertadas.”

La abogada Núñez relata que se decidió a estudiar los procedimientos penales que se apliquen a las comunidades indígenas, ya que “no hay muchos fiscales ni profesionales que manejan correctamente los protocolos según la cultura indígena, la ley que les ampara y las leyes de fondo.”

Todo este proceso, aclara, se debe seguir para respetar los componentes de la comunidad, cultura y principios indígenas.

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