Desde suspensiones por un año hasta expulsiones con “degradación” fueron los “castigos” impuestos por el Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-amarillo) a 50 voluntarios en el 2017. Todos los sancionados son bomberos que reclamaron transparencia al Directorio Nacional cuando empezaron a saltar los escándalos sobre los manejos administrativos de la institución.

El 23 de enero de 2017, a casi un año de aquella fecha, salió la primera resolución del Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo que afectó a los primeros 10 bomberos sancionados. Cinco de ellos fueron expulsados con degradación, mientras que el resto fue dado de bajo por 24 meses. Fue el inicio de una persecución contra los voluntarios que empezaron a reclamar por los casos de corrupción que empezaron a destaparse en el Directorio Nacional, y que continuó hasta la semana pasada.

Los afectados por la primera medida del tribunal de Justicia -un órgano totalmente sometido al Directorio Nacional- fueron quienes habían encabezado las primeras movilizaciones de los bomberos amarillos del pasado 20 de setiembre de 2016. Una noche que pasará a la historia como la vez que los bomberos decidieron no callar.

Después, el Tribunal volvió a sacar nuevas resoluciones; en marzo del año pasado fueron suspendidos tres voluntarios más. Posteriormente, en junio último, salió otra medida de este organismo mediante el cual se aplicó “castigo” a otros 10 voluntarios. Entre las sanciones que fueron aplicando los miembros del Tribunal, lo más común fue el dar de baja por diferentes periodos a los voluntarios. Igualmente, la suspensión para activar en servicio como bombero fue otro de los “castigos” más utilizados. En algunos casos eran 24 meses, en otros 36 meses y en algunos -los menos- se llegaba a 12 meses de suspensión.

Cerrando el 2017, en diciembre pasado salió otra resolución del Tribunal de Justicia mediante el cual se aplicaron sanciones a un total de 27 voluntarios, entre expulsados, dados de baja y suspendidos. Todos cuestionaban -ya sea públicamente a través de sus redes sociales o mediante canales más privados- la situación del manejo administrativo del Directorio Nacional, cuyos miembros fueron imputados tras las publicaciones del diario La Nación que demostraron hechos de posible corrupción en el seno dirigencial de los bomberos.

El caso más emblemático es la compra de equipos de rescate "fantasma" que hizo el Directorio entre 2015 y 2016 por valor de G. 960 millones de una empresa llamada "Circumpunto SRL", propiedad de Daniel Aquino Rivas, miembro del propio Directorio de los Bomberos Amarillos. En la declaración ante la Fiscalía, las autoridades de los bomberos amarillos tuvieron que reconocer que nunca compraron los 1.100 casos F1 que aparecieron facturados a nombre del CBPV-amarillo por parte de "Circumpunto SRL". La empresa ni siquiera figuraba esos años como importadora para la propia Dirección Nacional de Aduanas.

Luego de seis meses, la fiscalía, a cargo del agente Ariel Martínez, finalmente imputó a los miembros del Directorio y luego pidió elevar a juicio oral el público el caso por presunta estafa, confirmando la acusación contra Rafael Valdéz -presidente desde hace 12 años- y de Mario Luis Gini, vicpresidente de la institución. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia resolver un incidente planteado por la defensa de los acusados para que el caso pueda avanzar en la Justicia.

Al igual que las demás resoluciones del tribunal, la última, de diciembre y mediante el cual se comunica la aplicación de sanciones a 27 bomberos, está plagada de cuestiones irregulares. Por ejemplo, varios de los sancionados ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar declaraciones para poder oponer “defensa”.

En efecto, en el acto sumarial contra los bomberos, varios de ellos no pudieron acceder al expediente del sumario al que fueron sometidos. En las primeras resoluciones, el Tribunal tomó las declaraciones de varias personas como testigos contra los voluntarios sumariados, sin embargo, las declaraciones de estos testigos no aparecen en los expedientes del sumario que permitieron posteriormente las sanciones.

Uno de los elementos que toma el Tribunal de Justicia de los bomberos para sancionar a los voluntarios es que los mismos cometieron diversos “hechos vandálicos” la noche del 20 de setiembre de 2016, cuando se manifestaron frente al Cuartel del Cuerpo de Bomberos en Asunción.Sin embargo, el informe policial de la Comisaría que cubrió aquella manifestación señala que no se registró ni un sólo incidente durante la medida de fuerza.

Los fondos que maneja anualmente el CBVP-amarillo llega a los G. 14.000 millones. De esta cifra, cerca del 35% deriva del aporte que hace el Estado paraguayo, es decir, es dinero público, y el resto obtiene de donaciones y otros programas de recaudación, como los aportes mensuales, las colectas, etc. El dinero que es otorgado por el Estado al Directorio debe ser redistribuido a las compañías de bomberos.

Según datos del Ministerio de Hacienda, desde el 2014 hasta finales del 2016, el CBVP-Amarillo recibió del Estado unos G. 12.000 millones, dentro del rubro presupuestado para entidades sin fines de lucro, que es la clasificación que tiene esta entidad para el Estado paraguayo