Por Dolly Galeano, corresponsalía Ciudad del Este.
Por estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso, son los hechos punibles por los que diez personas vinculadas a la dirección y docencia de la Universidad Nacional del Este, fueron imputadas como supuestos responsables, por el fiscal de la Unidad 11 de Ciudad del Este, Miguel Ángel Alvarenga.
La nómina de procesados incluye al actual rector de la UNE, ingeniero Gerónimo Laviosa y a su antecesor, doctor Victor Brítez Chamorro. Los otros procesados son; la decana de la Facultad de Filosofía, Blanca Tottil de Moreno, cuya destitución motivó que un sector de los estudiantes realizaran una protesta que duró unos seis meses; Liz Ovelar, ex directora de la Escuela de Post Grado; Eustaquio Martínez, Carlos Montiel, Napoleón Velázquez, Edgar Acosta, Aldo Villalba, Gabriela Bobadilla, Herminia Delgado, Eligio Álvarez, Hugo Reinaldo Franco, Luis Cadogan, Armando Blaires, Mirta Arrúa, Pedro Regalado Romero, Jorge Hugo Fariña y Milciades Chilavert.
La causa se inició el 2 de octubre de 2015 con la denuncia presentada por los ciudadanos Miguel Ángel López e Ignacio Daniel Medina, en representación de la Asociación de la Sociedad Civil sin fines de lucro del Alto Paraná. La acción tuvo que ver con la serie de reclamos de los estudiantes sobre las supuestas irregularidades.
Según la investigación, los imputados han alterado documentaciones correspondientes a las asignaciones de cátedras de distintas unidades académicas para producir un beneficio patrimonial indebido. De esa manera, perjudicaron en sus recursos patrimoniales a diversas instituciones de la UNE, por ende a los estudiantes y a la sociedad. Esto, se acuerdo al escrito de imputación.
“Hicieron uso y abuso de las funciones y cargos que ostentan, causando un perjuicio a las arcas del Estado en beneficio propio y de terceros”, resalta el argumento del fiscal Alvarenga.
Menciona igualmente que algunos de los implicados fueron contratados para realizar trabajos en diferentes dependencias de la Universidad, sin cumplir funciones específicas, incluso ni siquiera aparecen en la institución educativa, pero perciben millonarias sumas de dinero en concepto de sueldo, obteniendo beneficios indebidos, según el escrito fiscal.
El agente del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, recomendando al Juzgado Penal de Garantías los siguientes requisitos para el efecto: la obligación de los imputados de presentarse ante el Juzgado una vez al mes, la prohibición de salir del país, la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez, conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Penal y la presentación de una caución real.