Un dirigente del Frente Guasú, que aparece incluso en varias misiones y delegaciones defendiendo los derechos civiles y humanos en todo el mundo, viene chicaneando desde el 2010 para evitar cumplir con la prestación alimentaria a favor de su hijo. Hoy logró por séptima vez, truncar su juicio oral.

-No creo que vuelvan a chicanear. Ya van a ser siete veces, dijo la madre.

Hace cinco años que la mujer inició un pleito judicial para lograr que el padre del menor cumpla con la sentencia establecida desde el 2010 sobre la prestación alimentaria. Faltando cinco minutos para que inicie el juicio, la madre empezó a mostrarse nerviosa. Tenía miedo de que vuelva a suspenderse el proceso. Junto a ella, un reducido grupo de amigos le acompañaba y le alentaba. Le decía que todo estaría bien. Ellos, sus amigos, saben todo lo que viene padeciendo con esta odisea judicial en el ámbito de la paternidad irresponsable.

El juicio fue marcado para las 10.00 en el quinto piso de la torre Norte del Palacio de Justicia, en Sajonia. Cerca de las 10.20, el actuario judicial entró a la sala. En cuestión de segundos salió y dio el aviso. “Doctora, puede pasar” le dijo a la fiscala Silvana Otazú, que estaba esperando en el pasillo y que lleva la acusación en este caso que parece no tener fin. También avisó a las partes involucradas en el proceso. Pocos amigos, un par de familiares y estudiantes estaban en el lugar. A las 10.35, con los miembros del tribunal de sentencia en la sala, se inició el juicio oral. O al menos, tendría que haberse iniciado.

Para la madre, era la séptima vez que tenía que esperar detrás de la sala donde se intentaba comenzar con el juicio oral y público en la causa “1-1-2-1-2012 Hugo Ruiz Díaz Balbuena S/ Incumplimiento del deber legal alimentario”. Pero una vez más -y como las seis veces anteriores - el proceso ni siquiera arrancó. Antes de que la jueza Gloria Hermosa, presidenta del tribunal -integrado además por las juezas Alba González y Mesalina Fernández- pida los alegatos, la defensa del acusado planteó una nueva chicana judicial.

El acusado es abogado, doctor en derecho internacional, fue consejero de Itaipú y ministro de relaciones energéticas del gobierno de Fernando Lugo, y desde hace varios años aparece como asesor político de asuntos internacionales del Frente Guasú y hasta figura como parlasuriano suplente de Ricardo Canese. También representó a Paraguay en varios talleres y paneles sobre Derechos Humanos y políticos durante el gobierno de Fernando Lugo. El hombre, de canas y barba blanca, estuvo sentado y se mostró exageradamente tranquilo en la sala. Casi no habló con sus abogados y se limitó -el tiempo que duró la sesión- a frotarse las manos. Parecía saber lo que se venía.

El abogado Gustavo Cáceres, en defensa del padre del menor, ni siquiera dio tiempo para empezar algo. Rápidamente planteó una recusación contra los miembros del tribunal. El abogado Cáceres dijo en el juicio que la medida obedecía a la “parcialidad manifiesta” que muestran los miembros del tribunal. Cáceres, un ex fiscal que fue imputado por una supuesta extorsión en 2010 y que dos años después, en el 2012, fue removido del Ministerio Público por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones, alegó que los miembros del tribunal querían llevar a la “velocidad de la luz” este juicio contra su defendido. Un proceso que empezó en el 2012, el mismo año en el que él fue sacado de la fiscalía de Villarrica.

A las 10.55, en la sala de audiencia Nro. 5 del quinto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia sólo se podía escuchar los llantos de la madre. Sus amigos la abrazaron. Los miembros del tribunal le acabaron de dar la noticia de que nuevamente fueron recusados en su causa y por lo tanto, se tenía que esperar a que se resuelva esta nueva medida, pero en otras instancias judiciales.

“No podemos hacer nada. Tenemos las manos atadas. Sólo queremos hacer justicia con un menor que hace cinco años espera por sus derechos” expresó la presidenta del tribunal, Gloria Hermosa. Fue luego de informarle a la madre que nuevamente el juicio se abra debido a las chicanas jurídicas de la defensa del papá. La miembro del tribunal, Mesalina Fernández, también se expresó; “Cuando leen en la prensa que la justicia es lenta, en casos en donde está en juego los derechos del niño, tienen que saber que muchas veces es por este tipo de profesionales, que utilizan cualquier tipo de medidas para entorpecer el proceso” se lamentó Fernández.

Con un anterior abogado, la estrategia del padre del menor fue la misma. Se recusó a todos los miembros de este mismo tribunal. Sin embargo, la cámara de Apelaciones en aquella primera ocasión resolvió rechazar la medida. En ese periodo, también se libró incluso una orden de captura contra el acusado porque no se presentó en uno de los tantos juicios que se libró en este caso. Lo que muchos abogados buscan con las chicanas, generalmente es la extinción de la causa, pero los caminos judiciales tienen muchas aristas y en estos casos, solamente se alarga el proceso.

Para la fiscala Otazú, esto es un caso inédito. “Nunca profesionalmente vi algo así. Que un juicio oral se suspenda siete veces en donde está en juego una cuestión tan fundamental como los derechos de un niño” expuso Otazú. La representante del Ministerio Público tomó este caso a mediados de 2013. La fiscalía tuvo participación desde que, en 2012, la madre del menor, denunció que el padre nunca cumplió con las sentencias establecidas en el Juzgado de la Niñez para el pago por manutención alimentaria. La demanda se inició en el 2010 y la primera sentencia salió un año después; La justicia estableció un monto que se adecuaba al salario que tenía entonces el acusado como Consejero de la Itaipú Binacional en ese entonces.

Para las mujeres paraguayas, la historia de esta madre se replica en miles de casos. Resulta un verdadero calvario conseguir la prestación alimentaria de los niños, que es un derecho de los hijos y una obligación que olvidan los padres. Desde el 2006 hasta febrero de este año, el Poder Judicial tiene registrado un total de 120.302 cuentas abiertas en el sector bancario para la asistencia alimentaria de menores de edad.

En el 2012, la madre demandó penalmente, ya que el abogado, consejero de Itaipú y asesor político e internacional del partido Frente Guasú, no cumplió con los montos establecidos por el Juzgado de la Niñez. A mediados de 2013, el caso quedó en manos de la fiscala Otazú, que imputó al papá del menor. Desde entonces, se intentó llevar siete veces el juicio oral para establecer una sentencia. Sin embargo, hoy, una vez más, no se consiguió continuar con el proceso. Recién en el 2015, el padre pidió una reducción con respecto a la cifra que tenía que transferir como prestación y el juzgado estableció el monto, siempre teniendo en cuenta el nivel de ingreso del papá. Sin embargo, nunca se cumplió ninguno de las prestaciones establecidas, según la denuncia de la madre.

En mayo de este año, Fernando Lugo, ya como presidente del Congreso, presentó el libro “Derechos de los tratados” y lo calificó como un “importantísimo aporte para el derecho paraguayo”. Resulta paradójico que uno de los autores de esta obra justamente hoy haya salido de una sala de juicio oral casi huyendo para no cumplir -o al menos negociar la forma de hacerlo- con los derechos de un menor.