Ante la falta de cobro de sus sueldos que corresponden a los meses de setiembre y octubre respectivamente, la oferta de los usureros, cuyas identidades los funcionarios prefieren no revelar, va de hasta por el 50 por ciento menos del monto para el primer mes y hasta 60 por ciento menos por el segundo mes.

“Varios compañeros ya cayeron en las garras de los usureros porque ya no tienen tan siquiera que comer ni darle de comer a sus hijos o enviarlo a las escuelas, colegios o universidades. Venimos con una taza de cocido negro o con el mate para aguantar la mañana, apenas alcanza para una comida por día” manifestaron las funcionarias de menores recursos y que dependen exclusivamente del salario como funcionarios de la gobernación del Guairá para el sustento diario.

Desde el lunes pasado unos 50 funcionarios dependientes de la gobernación del Guairá que prestan servicios en la clínica San Miguel ya iniciaron el paro parcial de sus actividades. En el horario de la mañana están en sus lugares de trabajos hasta las 10 y atienden sólo a cinco pacientes por médicos y luego se sientan frente al instituto. Igual situación en horas de la tarde de 13:00 a 16:00 y luego paran sus actividades.

En la gobernación del Guairá en tanto tomarán la misma acción desde este martes. “Estamos asistiendo a nuestros lugares de trabajo porque tenemos que cuidar la institución, resguardar los documentos aunque muchos ya comemos de prestados, estamos acosados por usureros que ofertan sólo el 50 por ciento del valor de nuestros sueldos de setiembre y hasta 60 por ciento menos por el de octubre y muchos ya cayeron en esas redes” dijeron también los funcionarios.

Llamativamente el juez de primera instancia abogado Paternio Vera rechazó el Recurso de Amparo de Pronto Despacho que presentaron los funcionarios a fin de reclamar el cobro de sus salarios porque según el mismo no se habría agotado aún las instancias administrativas a pesar de que existen varios reclamos por escritos inclusive de la propia administradora de la gobernación del Guairá licenciada Margarita Narvaja y que el Ministerio de Hacienda haya arrimado sendos dictámenes de la abogacía del tesoro que recomendaba a la ministra Lea Giménez que “corresponde formalizar la transferencias de recursos a favor de esta entidad estatal (Gobernación del Guairá) exclusivamente para la cancelación y regularización de las remuneraciones salariales del personal público nombrado y contratado” los firmantes de uno de los dictámenes son los abogados Walter Canclini, coordinador jurídico administrativo y Fernando Benavente, abogado del tesoro