Se priorizarán los sectores de salud, educación y obras, por disposición del presidente Pedro Alliana.

La Cámara de Diputa­dos aprobó el proyecto de Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN) 2027, manteniendo la versión pre­sentada por el Poder Ejecu­tivo, con ajustes. La propuesta obtuvo 67 votos a favor y nin­guno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron. Sigue el tratamiento en par­ticular de todos los artículos que corresponden a este pro­yecto de ley que ahora pasa a la Cámara de Senadores.

La aprobación se dio tras una postergación previa solici­tada por el Ejecutivo para introducir modificaciones. Durante la sesión, el trata­miento continúa con el aná­lisis de los recortes y modifi­caciones planteados por los parlamentarios para cada institución del sector público, entre ministerios y entidades descentralizadas. La pro­puesta de adenda plantea un ajuste neto de G. 1 billón 783.532 millones, equivalen­tes a unos USD 276 millones, en todas las fuentes de finan­ciamiento, en la búsqueda de la racionalización y optimiza­ción del gasto público impul­sada por el presidente de la República, Pedro Alliana.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, expuso el dicta­men del organismo asesor donde se recomendó apro­bar la adenda remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar modificaciones presupuesta­rias por G. 241.000 millones. Este fue emitido el pasado 29 de octubre, tras dos meses de trabajo que incluyeron reu­niones con autoridades de organismos y entidades del Estado, gremios de funciona­rios públicos y representantes de la sociedad civil.

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contem­pla recortes en las distintas fuentes de financiamiento del PGN con el objetivo de reducir gastos de funcionamiento y reorientar recursos hacia sec­tores prioritarios. Entre los principales ajustes se estable­cieron reducciones en pasajes, viáticos y gastos de traslado del 40 % en rubros como man­tenimiento, limpieza, alquile­res, servicios bancarios, cate­ring y combustibles y del 30 % en publicidad, consultorías, equipos de transporte y mue­bles y enseres.

También se contempló una disminución del 20 % en remuneraciones extraordi­narias, adicionales y bonifi­caciones. Las medidas alcan­zan a distintos organismos y entidades del Estado, aun­que se establecen excepcio­nes para determinadas ins­tituciones y objetos del gasto, como los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, presentó detalles sobre la adenda al proyecto. Indicó que como instrucción del presidente de la República, Pedro Alliana, se priorizarán los sectores de salud, educa­ción y obras. “Se han identi­ficado rubros dentro del pro­yecto del presupuesto que fueron objeto de disminución. Los casos de viáticos, pasajes, servicio de catering, publici­dad, servicios personales y remuneraciones adiciona­les y extraordinarias fueron objeto de recortes, asimismo, las obras que estaban progra­madas para el mantenimiento de oficinas institucionales”, señaló ante el pleno.

Gremio pide volver a la disciplina fiscal, con énfasis en una mayor responsabilidad fiscal, la revisión del gasto público y el fortalecimiento de los controles institucionales.

La Unión Industrial Para­guaya (UIP) considera que la crisis generada por el caso Ueno exige la adopción de medidas macroeconómi­cas urgentes, con énfasis en una mayor responsabilidad fiscal, la revisión del gasto público y el fortalecimiento de los controles instituciona­les. Así lo manifestó el pre­sidente del gremio, Enrique Duarte, quien planteó cuatro líneas de acción para recupe­rar la confianza y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En entrevista con el programa Arriba Hoy, de Universo 970 AM, el titular de la UIP sos­tuvo que el proyecto de Pre­supuesto General de la Nación (PGN) 2027, actualmente en estudio en el Congreso, no refleja las prioridades ni los cambios que demanda el esce­nario actual. En ese sentido, instó a reformularlo con pro­yecciones de ingresos realis­tas y disciplina fiscal, bus­cando converger hacia un déficit máximo del 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

Como segunda medida, Duarte propuso recortar el gasto improductivo del Estado, eliminar privilegios, aumentos salariales injusti­ficados y erogaciones super­fluas.

A su criterio, los recursos deben reasignarse hacia áreas prioritarias como salud, segu­ridad y educación, en un con­texto que exige señales con­cretas de responsabilidad en la administración de los fondos públicos. El tercer eje apunta a determinar y san­cionar a los responsables de las fallas de control que per­mitieron el actual escenario.

El dirigente empresarial insistió en que las institu­ciones deben avanzar en las investigaciones, recuperar los recursos que sea posible y buscar mecanismos de resar­cimiento para los ahorristas afectados, tanto personas físi­cas como empresas que utili­zan esos fondos para sostener su actividad económica.