El programa contempla un incremento presupuestario del 5 % respecto al año anterior.

El Gobierno destinará G. 6.724 millones para asistir a 4.384 pescadores durante la veda pesquera que comenzó ayer 2 de noviembre, periodo en el que la suspensión de la activi­dad comercial afecta los ingre­sos de las familias que depen­den de la extracción y venta de peces.

El programa contempla un incremento presupuestario del 5 % respecto al año ante­rior, tras una reprograma­ción de recursos para fortale­cer la asistencia. El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó que las prime­ras transferencias se realiza­rán a mediados de noviembre, una vez concluidos los trámi­tes administrativos y la habi­litación de las cuentas ban­carias de los beneficiarios. El monto global previsto para esta temporada asciende a G. 6.724.470.000, financiado con un presupuesto que pasó de G. 6.020 millones a G. 6.740 millones, mediante una repro­gramación de G. 740 millones.

La asistencia varía según la duración de la veda, la zona de residencia y la composición familiar. En las áreas donde la restricción se extiende por 50 días, correspondientes a los ríos compartidos con Argentina, los pescadores que viven solos recibirán G. 790.000, mientras que las familias de hasta cuatro integrantes acce­derán a G. 1.470.000 y aquellas con más de cuatro miembros, a G. 1.910.000. En las zonas fron­terizas con Brasil, donde la pro­hibición alcanza los 90 días, los montos serán superiores: G. 1.000.000 para pescadores unipersonales, G. 1.780.000 para familias de hasta cuatro integrantes y G. 2.410.000 para hogares más numerosos.

La medida busca amortiguar la pérdida temporal de ingre­sos de los trabajadores que tie­nen a la pesca comercial como principal fuente de sustento. A su vez, el movimiento de estos recursos representa un apoyo para la economía de las comu­nidades ribereñas durante las semanas en que la actividad extractiva queda restringida. Para definir la nómina final, el Ministerio de Desarrollo Social realizó una depura­ción del listado remitido ini­cialmente por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste­nible (Mades), que superaba las 7.000 personas. El proceso incluyó verificaciones de la situación socioeconómica y de posibles ingresos o benefi­cios incompatibles con el pro­grama. La veda se extenderá hasta el 21 de diciembre en las zonas sujetas a la restricción de 50 días, mientras que en los tramos compartidos con Bra­sil llegará hasta el 31 de enero de 2027.