Paraguay podría captar más de USD 2.000 millones en inversiones mineras durante los próximos seis a ocho años, entre proyectos de exploración y explotación, según estimó Víctor Fernández, de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami).
Explicó a La Nación/Nación Media que este monto podría incluso duplicarse o triplicarse si el país logra establecer una ley minera ejemplar, abierta a la inversión privada y con estabilidad legislativa y garantías jurídicas.
Fernández señaló que la principal prioridad es explorar el subsuelo de todo el territorio nacional y generar las condiciones para aprovechar el flujo de inversiones.
Planteó la necesidad de impulsar un servicio geológico que inicialmente recopile y registre la información existente, que realice el mapeo geológico de todo el territorio nacional, al menos a escala 1:100.000, y que genere datos técnicos que apoyen la atracción de inversiones mineras.
Actualmente, existen proyectos a la espera de resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que permitan iniciar las fases de prospección y exploración.
Según Fernández, las principales inversiones corresponden a capitales estadounidenses y canadienses, mientras que también existen inversiones de origen chileno, argentino y ecuatoriano, además de pequeñas empresas paraguayas.
La región Oriental concentra las oportunidades más atractivas, especialmente en Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná, donde se encuentran los proyectos más avanzados.
Destacó la oportunidad que representa la transición energética y la creciente demanda mundial de minerales críticos. En ese escenario, mencionó el potencial paraguayo en titanio, uranio y vanadio. Mientras tanto, en el Chaco se realizan exploraciones en busca de litio, cuyos resultados permitirán determinar el potencial minero de la región Occidental.
Fernández consideró prioritario contar con una nueva ley minera acorde con la realidad mundial del sector, la geología nacional y las capacidades de la autoridad de aplicación.
Para Capami, el marco debe ser realista, práctico y consensuado, además de brindar estabilidad legislativa y garantías jurídicas para atraer inversiones. También planteó la necesidad de una mesa permanente de minería que permita coordinar acciones entre los diferentes actores del sector.
En cuanto a la Política Nacional de Minería, cuestionó que el sector privado no haya participado de su elaboración y señaló que Capami desconoce el texto de la propuesta mencionada por el Viceministerio de Minas y Energía.
Sostuvo que primero debió establecerse una mesa de diálogo entre los actores y que tanto el Código Minero como la política nacional deberían surgir de ese proceso de consenso.