Se abordaron aspectos vinculados al cronograma de desembolsos para el año 2026, las previsiones presupuestarias para 2027.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Cen­turión, se reunió con representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) para tratar temas relacionados al presupuesto de la cartera de Estado y la necesidad de impulsar las obras. Como se sabe, las firmas constructoras se encuentran reclamando el pago de deudas e intereses. “Reunión de trabajo con los gremios de la construcción, Capaco y Cavialpa, para ali­near acciones y destrabar los desafíos del sector. El diálogo es la herramienta para traba­jar juntos e impulsar obras, generar empleo y aportar al desarrollo”, publicó Centu­rión en redes sociales luego del encuentro.

A través de publicaciones en redes sociales, ambas orga­nizaciones del sector de la construcción valoraron la apertura al diálogo institu­cional. “Durante el encuentro se abordaron aspectos vincu­lados al cronograma de des­embolsos para el año 2026, las previsiones presupuesta­rias para 2027, los convenios modificatorios en contratos de obras públicas y los crite­rios de aplicación de reajustes contractuales pendientes”, informó la Capaco.

“El seguimiento constante y el trabajo coordinado nos permiten avanzar en la bús­queda de soluciones a los desafíos que enfrentamos, contribuyendo a una mejor gestión de los contratos y a la continuidad de las obras”, destacó por su parte el presi­dente de Cavialpa, Ing. Paul Sarubbi. La Capaco, por su parte, destacó “la importan­cia de contar con previsibili­dad en estos aspectos, consi­derando su impacto directo en la planificación financiera, operativa y contractual de las empresas del sector, así como en la continuidad de los pro­yectos de infraestructura impulsados por el Estado”.

Las empresas de la construc­ción, del sector vial princi­palmente, se encuentran reclamando unos USD 100 millones de intereses por deudas impagas. En este sen­tido, tienen el compromiso de la Cámara de Diputados para sancionar la ley que permitirá dar el marco legal para hon­rar el compromiso. Por otro lado, inicialmente reclama­ban unos USD 250 millones por facturas vencidas, cues­tión que fue saldada en gran parte, según había informado la ministra de Obras.