Piden informes técnicos a la Ande para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) posibles incen­tivos tarifarios para atraer inversiones al país, especial­mente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.

Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva pro­puesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacio­nal (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especial­mente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.

Lovera sostuvo que la inten­ción es encontrar un equili­brio entre la competitividad que demanda el sector pro­ductivo y la necesidad de pre­servar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de benefi­cios deberá ser evaluado inte­gralmente antes de su imple­mentación.

Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza ple­namente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.

El ministro explicó que las medidas apuntan principal­mente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construccio­nes administrativas, adqui­sición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se esta­blecieron límites para con­ceptos como viáticos, pasa­jes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registra­dos durante el 2025.

Postura del gremio de ingenieros de la Ande, para avanzar hacia un plan a largo plazo.

El presidente de la Unión de Ingenieros de la Ande (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avan­zar hacia una política ener­gética de largo plazo que per­mita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estraté­gico. En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de ener­gía limpia y renovable prove­niente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con crite­rios de sostenibilidad y desa­rrollo económico.

Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decre­tos derogados estuvo vincu­lada al análisis de los efectos que podrían generar contra­tos con tarifas por debajo de los costos reales de suminis­tro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esque­mas podría trasladar costos futuros al resto de los usua­rios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional. Señaló que uno de los prin­cipales desafíos es que Para­guay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorpo­rar nuevas fuentes de genera­ción interna para atender el crecimiento de la demanda energética.

Estas alternativas, sos­tuvo, tendrán costos supe­riores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidado­samente la utilización de la energía disponible.

En ese escenario, considera fundamental que las decisio­nes sobre tarifas y condicio­nes de suministro se apoyen en criterios técnicos y finan­cieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) en la definición de los mecanismos que regi­rán para futuros proyectos industriales.

Recordó que la carta orgánica de la Ande establece paráme­tros para la fijación de tarifas y para garantizar la sosteni­bilidad financiera de la insti­tución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recur­sos suficientes para cumplir con sus compromisos finan­cieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.