Afirman que es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Paraguay está frente a una ventana de opor­tunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolari­zada en los hechos y un comer­cio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que fal­taba era un marco legal.

La Resolución 4726 de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), vigente desde el 1 de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema. Así lo analizó Cecilia De Maio, ana­lista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Audi­tra, en una entrevista a la 1020 AM.

“Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy pro­penso a la globalización por el tipo de producto y por la canti­dad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condi­ciones estructurales que lo dife­rencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, esta­blece un régimen de infor­mación obligatoria –no un impuesto nuevo– sobre ope­raciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y platafor­mas que superen los 5.000 dóla­res anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendi­miento. La declaración se rea­liza vía sistema Marangatu de la DNIT, y quienes no cuen­ten con RUC están obligados a inscribirse para poder cum­plir con la exigencia.

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidum­bre jurídica que frenaba el cre­cimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios.

“Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista. Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores loca­les que ya usan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja com­petitiva natural –Paraguay es uno de los mayores producto­res hidroeléctricos per cápita del mundo–, el país tiene con­diciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.