El eje central de la normativa es la obligación de que al menos el 50 % del alcohol anhidro utilizado en la mezcla con combustibles provenga de caña de azúcar.

El Gobierno dio un paso clave en su política energética e indus­trial con la firma del decreto reglamentario de la Ley de Etanol, que busca fortale­cer la producción nacional y garantizar un mercado interno para los cañicul­tores. La medida, firmada por el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, regla­menta las leyes 7357/2024 y 7391/2024, estableciendo un marco más estricto para el uso de alcohol en combus­tibles.

El eje central de la norma­tiva es la obligación de que al menos el 50 % del alco­hol anhidro utilizado en la mezcla con combustibles provenga de caña de azú­car. Este punto introduce un “blindaje” al mercado local, asegurando demanda para la producción nacional y reduciendo la dependen­cia de insumos importados.

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En ese contexto, el minis­tro de Industria y Comer­cio (MIC), Marco Riquelme, destacó que la medida define un modelo económico. “No estamos firmando solo un decreto, estamos eligiendo un modelo de país basado en la producción nacional”, afirmó.

El titular del MIC subrayó que la normativa generará previsibilidad para los pro­ductores, al garantizar un mercado sostenido para la caña de azúcar. Además, reconoció que la produc­ción actual es insuficiente para cubrir la demanda pro­yectada, por lo que instó a aumentar la productivi­dad con apoyo del Estado en financiamiento y capa­citación.

IMPACTO

La normativa también con­templa la implementación de un calendario de produc­ción que permitirá ordenar la oferta de alcohol según volumen y tipo de materia prima. Esto apunta a mejo­rar la planificación del sec­tor e incentivar nuevas inversiones. Desde el Ejecu­tivo sostienen que la regla­mentación permitirá gene­rar un “círculo virtuoso” en la economía rural, impul­sando la industrialización de la caña, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva.

En departamentos como Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguarí, donde se con­centra la producción cañera, la medida es vista como un impulso directo a la activi­dad económica, con impacto en miles de pequeños pro­ductores.

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