A finales de 2023 el Gobierno ya había desembolsado cerca de USD 400 millones para saldar deudas heredadas de la administración anterior.

La titular del Ministe­rio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centu­rión, manifestó que la inyec­ción de USD 150 millones a la economía será para reac­tivar obras públicas y garan­tizar la continuidad del sec­tor de la construcción, tras un periodo marcado por restric­ciones financieras.

Centurión recordó que hacia finales de 2023 el Gobierno ya había desembolsado alre­dedor de USD 400 millones para saldar deudas here­dadas de la administración anterior. Ese proceso per­mitió ordenar parcialmente las finanzas del sector, aun­que persistieron compromi­sos pendientes, dijo a la 1020 AM. En ese contexto anun­ció que entre abril y mayo se prevé una nueva inyección de USD 150 millones, que per­mitirá cubrir cerca del 85 % de la deuda correspondiente al 2025. Según explicó, este flujo de recursos será clave para devolver previsibilidad al sector privado, que con­tinuó operando pese a los atrasos, y para normalizar el ritmo de ejecución de obras.

La ministra destacó que esta medida no solo tiene impacto económico, sino también social, ya que asegura miles de empleos vinculados a la construcción y acelera la dis­ponibilidad de infraestruc­tura para la ciudadanía.

En paralelo, la titular del MOPC se refirió a obras de integración regional, como el puente entre Pozo Hondo y Misión La Paz sobre el río Pilcomayo, señalando que, si bien ya garantiza la conexión, resultará insuficiente ante el crecimiento proyectado del corredor. Adelantó que se analiza ampliar la capacidad mediante nuevas inversio­nes. También reconoció que algunas obras avanzaron a un ritmo menor debido a limita­ciones presupuestarias, situa­ción que, aseguró, ya fue supe­rada con la recomposición del financiamiento.

Otro de los puntos abordados fue la presencia de cartele­ría irregular en rutas. Centu­rión afirmó que el MOPC está gestionando el retiro de estos elementos, que calificó como peligrosos por interferir con la señalización y generar dis­tracciones. Indicó que algunas empresas recurrieron a medi­das judiciales para evitar su remoción, lo que ha retrasado el proceso. Asimismo, denun­ció que en la administración anterior se otorgaron conce­siones sin licitación para la ins­talación de estos carteles, las cuales están siendo revisadas y revocadas.