Titular del MEF dijo que responde a una menor disponibilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el PGN.

El Gobierno anunció que aplicará un ajuste del gasto público en lo que resta del ejercicio fiscal 2026, pero priorizará secto­res esenciales. El ministro de Economía y Finanzas, Car­los Fernández Valdovinos, aclaró que la medida res­ponde a una menor disponi­bilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El secretario de Estado pre­cisó que los sectores de salud, educación, seguridad y pro­tección social, concentrarán la mayor parte de los recur­sos disponibles. Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento de obliga­ciones clave como el pago de salarios, jubilaciones, medi­camentos, subsidios al trans­porte y compromisos con empresas constructoras, ade­más de la continuidad de pro­gramas sociales como Ham­bre Cero y Adultos Mayores.

El ajuste se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, explicado princi­palmente por dos factores: el comportamiento del tipo de cambio y la desaceleración de la recaudación tributaria.

Por un lado, el tipo de cam­bio del dólar se ubica actual­mente en torno a G. 6.500, por debajo de los G. 7.800 previs­tos en el PGN 2026. Esta dife­rencia reduce la cantidad de guaraníes que el Estado obtiene por los ingresos en dólares, afectando directa­mente su capacidad de gasto. “Esto representa aproxima­damente USD 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos gua­raníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto res­pecto a lo inicialmente pre­visto”, explicó Fernández Valdovinos a la 1080 AM.

A este escenario se suma una recaudación tributaria por debajo de las expectativas. El presupuesto contem­plaba un crecimiento del 8 % en los ingresos administra­dos por la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), pero, según el titu­lar del MEF, actualmente la recaudación se mantiene prácticamente sin variación.

Ministerio solicita presentar propuestas de acuerdo para cerrar litigios en curso.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a los titulares de créditos reconocidos mediante reso­luciones judiciales firmes, notificadas a la institución hasta el 31 de diciembre de 2025, a presentar propues­tas de acuerdo transaccio­nal con el objetivo de poner fin a litigios y generar ahorro para el Estado. La convoca­toria es realizada a través de la Coordinación de Obliga­ciones Diversas del Estado (Code), dependiente de la Gerencia General del MEF. Las solicitudes deberán pre­sentarse en la Mesa Central de Entradas de la institu­ción entre el 8 de abril y el 6 de mayo de 2026, utilizando el formulario Anexo B-01-09 A disponible en el por­tal institucional. Cada pro­puesta ingresada recibirá un número de expediente para su correspondiente segui­miento.

El proceso se desarrollará conforme al calendario esta­blecido en la Resolución MEF n.º 182, del 9 de marzo de 2026, que autoriza a la Code a iniciar los procedimien­tos internos para dar cum­plimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley n.º 7609/2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, y su reglamentación establecida en el Decreto n.º 5311/26. De acuerdo con la normativa vigente, el monto máximo que podrá perci­bir cada acreedor durante el presente ejercicio fiscal no podrá superar los G. 4.000 millones, independiente­mente de que las acreencias provengan de diferentes jui­cios con resoluciones firmes. En los casos en que las obli­gaciones superen ese límite, los pagos serán programados para ejercicios fiscales pos­teriores, según la disponibi­lidad presupuestaria.

El MEF también informó que las obligaciones derivadas de resoluciones y sentencias judiciales que cuentan con prioridad de pago establecida por la Resolución MEF n.º 370/2025, cuyos procesos no hayan sido concluidos, serán atendidas con cargo al pre­supuesto del presente ejerci­cio fiscal y de los siguientes, conforme a la disponibilidad de recursos. Asimismo, cada desembolso quedará supe­ditado a la presentación de la homologación judicial del acuerdo transaccional correspondiente, requisito necesario para proceder con la ejecución de los pagos.