En la actualidad, el pasivo asciende a unos USD 360 millones; las empresas esperan que el Estado asuma los intereses.

El sector de las empre­sas vialeras se mues­tra dispuesto a aceptar el mecanismo de factoring planteado por el Gobierno para cancelar la deuda acumulada con las contratistas. Sin embargo, los gremios advierten que su aplicación debe contemplar condiciones claras, espe­cialmente en lo referente a los intereses, debido a expe­riencias negativas registra­das anteriormente con este mismo sistema.

El titular de la Cámara Para­guaya de la Construcción (Capaco), el ingeniero Paul Sarubbi, recordó la semana pasada que el Estado mantiene una deuda aproxi­mada de unos 360 millones de dólares con las construc­toras. De ese monto, unos 250 millones de dólares corresponden a certifica­dos por obras ya ejecutadas, mientras que alrededor de 110 millones se relacionan con intereses generados por los retrasos en los pagos.

Sobre el esquema de facto­ring propuesto permitiría que las empresas cedan sus certificados de obra a enti­dades bancarias o financie­ras para obtener liquidez inmediata, mientras que el Estado cancelaría poste­riormente esas obligaciones a los bancos en un plazo cer­cano a tres años.

Sin embargo, desde el sec­tor insisten en que el costo financiero del mecanismo debe ser asumido por el Estado. Sarubbi recordó que en una experiencia similar aplicada en 2022 los intereses terminaron siendo absorbidos por las propias constructoras. “En ese entonces los intereses se descontaban directamente de los certificados de obra. Uno cobraba solamente la diferencia, ya restando esos intereses por anticipado”, explicó.

La situación financiera del sector se agrava si se com­para la deuda actual con los recursos disponibles para el presente ejercicio. El presupuesto aprobado para obras públicas alcanza los 570 millones de dólares, mientras que las obligacio­nes pendientes ya llegan a 360 millones. A esto se suman proyectos compro­metidos para este año por unos 800 millones de dóla­res, lo que proyecta un défi­cit cercano a los 590 millo­nes.

Este panorama ha colocado a varias empresas del rubro en una situación de quiebra técnica. Frente a este esce­nario, los gremios plantea­ron alternativas como utili­zar fondos provenientes de convenios internacionales, ampliar el presupuesto para 2026 o incluso flexibilizar el límite del déficit fiscal. No obstante, estas propuestas ya fueron descartadas por el Poder Ejecutivo.