La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el desembolso de G. 200 mil millones para que la cartera del Estado pague a las vialeras este marzo parte de la deuda acumulada. La ministra reconoció a la 1020 AM que parte de las deudas del 2025 serán asumidas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. También expuso que de los 200 contratos que maneja la cartera del MOPC todos están en proceso de ejecución.
De acuerdo a un análisis hecho por el sector vial el rubro acumula USD 250 millones en certificados de obra. Los intereses no reconocidos por el gobierno anterior rondan los USD 120 millones y los intereses generados en 2023-2028, pendientes de facturación, serían de USD 40 millones.
La ministra indicó que en enero se pagaron unos G. 285.000 millones, en febrero G. 275.000 millones y en marzo ya se autorizó un primer desembolso de G. 200.000 millones, con la expectativa de completar otros G. 80.000 millones en las próximas
semanas. Aunque estos montos se acercan al objetivo mensual planteado, todavía no alcanzan plenamente la meta inicial.
Mencionó además que esta situación genera preocupación sobre la capacidad del Estado para financiar las nuevas obras previstas en el presupuesto 2026, ya que primero se deben cubrir los compromisos pendientes del año anterior.
En ese sentido, el Gobierno analiza junto con el MEF distintos mecanismos financieros que permitan atender la deuda heredada sin afectar el financiamiento de los proyectos que deben ejecutarse este año. Entre las alternativas en estudio se encuentra la implementación de mecanismos excepcionales de financiamiento, que están siendo discutidos con apoyo del Congreso, particularmente en la Comisión de Obras del Senado.
El objetivo es liberar presión sobre el presupuesto vigente para asegurar la continuidad del plan de infraestructura. De acuerdo con la ministra, para mantener un ritmo adecuado de ejecución de obras el MOPC necesitaría disponer de al menos USD 50 millones mensuales, idealmente cerca de USD 60 millones. Finalmente admitió que varias obras están experimentando ralentización en sus cronogramas, debido a la incertidumbre que enfrentan las empresas constructoras respecto al flujo de recursos.