Para mitigar el impacto de la deuda que el Estado tiene con el sector de la construcción, varias empresas del rubro asumieron compromisos financieros que derivaron en una rebaja en su calificación de cumplimiento crediticio ante los bancos tras la falta de pago de la misma. Pese a que fueron solicitadas medidas de flexibilización al Banco Central del Paraguay (BCP), aún no se tienen respuestas.
Así lo explicó el Ing. Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), quien mencionó que el rubro cuenta con gran parte de la deuda por cesiones de créditos hechas con los bancos, las cuales se deben ir regularizando para que la situación financiera de las empresas no siga viéndose afectada.
La problemática se presenta con las empresas constructoras que hicieron descuentos certificados con los bancos locales. “Cedimos nuestras cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a cambio de que nos paguen. Esas cuentas ya vencieron en julio de 2021, pero Obras Públicas no pagó porque tenía que haber pagado directamente a los bancos y ellos nos reclaman a nosotros una cuenta que no es nuestra, pero nosotros descontamos”, explicó al respecto.
Como el pago de lo adeudado no se efectúa, piden que sean tenidos en consideración aquellos certificados que fueron descontados en las cesiones de créditos. “Algunas empresas ya están siendo recategorizadas. Esto es a través del no pago de la deuda, eso automáticamente va por los atrasos que vos tenés en días de mora”, sostuvo Díaz de Vivar.
Asimismo, manifestó que con el fin de que las empresas no sean recategorizadas, solicitaron en diciembre pasado una reunión con las autoridades del BCP y la Superintendencia de Bancos, quienes consideraron que el reclamo es correcto; sin embargo, aún no se tuvo un retorno concreto. “Porque al final, las empresas van a ser recategorizadas por una deuda que no nos corresponde, es del Estado paraguayo y no está cumpliendo”, argumentó el representante del gremio.
Actualmente, el MOPC adeuda cerca de US$ 260 millones al sector, tras un pago efectuado a empresas contratistas el año anterior por las obras que se realizaron durante el 2022. Hay que mencionar que la deuda superaba los US$ 300 millones que, a su vez, incidió en la pérdida de mano de obra para un sector que moviliza a unas 300.000 personas.