La Industria Nacional del Cemento (INC) presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el fallo que obliga a la cementera estatal a pagar US$ 13 millones a la empresa Cal Agro, firma que demandó a la entidad por supuesto incum­plimiento de un contrato. En el 2004, la INC realizó la adju­dicación del contrato de arren­damiento y explotación de su Planta de Cal Agrícola, ubi­cada en Vallemí, a la empresa Cal Agro SA. No obstante, este contrato nunca fue ejecu­tado, es decir, la firma privada nunca puso a operar la planta.

La INC decide en el 2009 res­cindir el trato contractual y esto impulsó a la empresa a demandar a la entidad, según recordó ayer al digital del diario La Nación el abo­gado César Mallorquín, ase­sor jurídico de la INC. "Pre­sentaron una demanda por indemnización y por incum­plimiento de contrato, exi­giendo el pago de US$ 13 millones (G. 74.000 millo­nes). En primera instancia, el fallo fue favorable para la INC, por lo que Cal Agro recu­rrió a la segunda instancia, donde la Cámara de Apelacio­nes decidió, en disidencia, dar lugar a la demanda que signi­fica un gigantesco perjuicio al Estado", indicó.

En ese sentido, destacó que ahora aguardan que la Corte Suprema de Justicia falle con­forme a derecho y tenga en cuenta todo lo que expusieron como los errores cometidos en lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Asimismo, mencionó que solicitan que la CSJ ratifique lo que se dio en primera instancia.

Por otra parte, Mallorquín indicó que no corresponde el fallo otorgado, ya que el verdadero incumplimiento de contrato se dio por parte de la firma Cal Agro SA, siendo que nunca se dotó a la planta de las condicio­nes necesarias para su fun­cionamiento. "No pueden denunciar un perjuicio en el marco de un contrato que ellos mismos nunca ejecuta­ron. Es ridículo e inaplicable el monto que solicitan en la demanda. Obviaron varias cláusulas del contrato para fijar esa cantidad", aseveró.