El Poder Ejecutivo emitió este jueves el Decreto Nº 8.452 con el cual se reglamentó la Ley Nº 6.026, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejerci­cio fiscal 2018. Con esta nor­mativa el Ejecutivo pone en vigencia de manera oficial el Plan de Gastos de la Nación para este año, que asciende a unos G. 73,566 billones.

De ese total, la Tesorería General y la Administración Central dispondrán de unos G. 42,4 billones, mientras que las entidades descentraliza­das contarán con unos G. 31,1 billones, según el PGN 2018.

En la reglamentación, el Ejecutivo establece varias facultades al Ministerio de Hacienda, relacionadas a la Administración Financiera del Estado. Entre ellas men­cionan que durante la eje­cución del PGN 2018, los artículos no reglamentados en la Ley 6.026/18 solo serán establecidos por decretos ori­ginados en este ministerio.

Asimismo, deja a cargo del Ministerio de Hacienda dic­tar actos de disposición y gestión; establecer normas y procedimientos, formula­rios e instructivos, requeri­dos durante el proceso de eje­cución del PGN de este año. Exige, además, a los organis­mos y entidades del Estado, proporcionar al fisco todas las informaciones requeridas por este en el marco de ejecución de la Ley del PGN para el pre­sente ejercicio fiscal.

Entre las principales enti­dades públicas, Hacienda es una de las instituciones con el presupuesto más amplio para este ejercicio. De acuerdo a la Ley Nº 6.026, este minis­terio posee para este año un presupuesto de G. 12,5 billo­nes. Además de esta cartera, también figuran el Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC) con G. 6,3 billones, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) con G. 6,6 billones, el Ministe­rio de Salud Pública y Bien­estar Social (MSPyBS) con G. 4,8 billones, el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) con G. 4,1 billones, entre otros. Ver info.

Desde el fisco afirmaron que las reglas para el presente ejercicio fiscal se orientan a la continuidad de los proce­sos de transparencia, racio­nalidad, control del gasto público y la simplificación de los procesos administrativos, de manera a facilitar y viabili­zar la ejecución de los progra­mas y proyectos.

En ese sentido, sostuvieron que en materia de racionali­zación del gasto, se mantiene la suspensión establecida por el Ejecutivo en relación a las gratificaciones por cumpli­miento de metas que fuera decidida en el 2016.

Asimismo, los límites a los gastos de los OEE en con­cepto de servicios de cate­ring y pagos por seguro médico; incluyéndose dis­posiciones sobre la contra­tación de seguros de bienes; la adquisición de pasajes aéreos que, a excepción del presidente y vicepre­sidente de los tres Pode­res del Estado, debe ser en clase económica para todos los servidores públicos; y la prohibición de suministros para almuerzos de funcio­narios.