El cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las cooperativas de ahorro y crédito volvió a ser tema de debate en los últimos días del 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera lugar el 14 de diciembre a la acción de inconstitucionalidad promovida por un total de 76 entidades cooperativas. El dictamen suspendió la aplicación de la ley que grava el acto cooperativo con el IVA para estas entidades accionantes.

Este hecho tomó de sorpresa a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y puso en suspenso los planes y proyecciones de recaudación para el ejercicio fiscal 2018. A través de un comunicado, la Subsecretaría afirmó ayer que el fallo de la Corte traerá un fuerte impacto negativo debido a que la institución dejará de percibir los recursos en concepto del cobro del IVA a las cooperativas, y peor aún, deberá ver la manera de devolver a las 76 cooperativas beneficiadas con el fallo el dinero recaudado en ese concepto de IVA.

De acuerdo a los datos proveídos por la dependencia fiscal a nuestro medio, la SET canalizó un total de G. 237.913 millones (US$ 42,3 millones) por el cobro del IVA a las cooperativas, desde el mes de agosto del 2016 hasta diciembre del 2017, mes en que se dio a conocer el dictamen de la Corte.

Desde el sector cooperativista, la noticia de la suspensión del cobro del IVA fue recepcionada de la mejor manera. El presidente de la Central de Cooperativas (Cencopan), Pedro Löblein, sostuvo que a través del fallo favorable se hizo justicia. A pesar de eso, el titular del gremio expresó su preocupación sobre el tiempo y la forma en que pueda darse la devolución de los recursos de parte de la SET.

"Desde un principio la implementación del IVA no correspondió, esa fue una decisión que afectó mucho a las cooperativas. Con el fallo se hizo justicia, al final la Corte nos dio la razón de que es inconstitucional la aplicación de ese impuesto sobre las cooperativas. Demoró mucho, pero hay satisfacción y el fallo generó más fuerza a impulsar la derogación de la Ley Nº 5501/15", afirmó.

En ese mismo sentido, adelantó que en este marzo el sector presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley con el cual se planteará modificar el Artículo 113 de la Ley Nº 5501/15, a través del cual se impuso la aplicación del IVA a las cooperativas de ahorro y crédito.

La intención del sector cooperativo es que el Congreso trate en su primera sesión este proyecto, y que el Artículo 113 vuelva a quedar como estaba anteriormente en la Ley Nº 438/94, donde se exceptuaba a las cooperativas del cobro del Impuesto al Valor Agregado.

Po su parte, profesionales y entendidos en la tributación manifestaron su apoyo a la aplicación del IVA a las cooperativas y su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El contador y máster en tributación y auditoría, Rafael Heisecke, dijo no estar de acuerdo con el fallo de la Corte, asegurando que en Paraguay debería de haber una igualdad de condiciones en el momento de pedir un crédito en un banco o a una cooperativa.

"Lo que acá se está buscando que hay una equidad. Si la cooperativa está prestando un crédito para construcción es un servicio y debería de estar grabado por el IVA", reiteró el profesional.

Agregó, además, que con el fallo de la Corte se vuelve a tener una diferencia de tasas para las personas que acceden a un préstamo de la cooperativa, que no debe pagar IVA, y las personas que piden crédito a las entidades financieras, que sí está obligado a pagar el 10% de IVA.

"No estoy de acuerdo que las personas que acceden a crédito de las cooperativas estén exentas del IVA, eso genera distorsión y una falta de igualdad en el mercado. Está demostrado, por los meses que ya pasaron, que el IVA no generó ningún perjuicio a las cooperativas. Lo que va a pasar si continúa la distorsión en el mercado es que en algún momento unos pocos van a terminar cargando un tributo que va a tener que ir subiendo para aguantar el aumento de la necesidad de recaudo. También se estaría hablando de vuelta de una eventual suba de la tasa del IVA porque pocos pagan y no todos", indicó.

En ese mismo contexto, el máster en administración tributaria, contador y abogado, Fabián Domínguez, en su momento apoyó la aplicación del IVA a las cooperativas, alegando de que es correcto la implementación, ya que al conceder un crédito las cooperativas están prestando un servicio.

Sin embargo, luego del fallo de la Corte, Domínguez se abstuvo a emitir una opinión sobre la decisión de la CSJ, fundamentando de que es un tema muy sensible y muy mediatizado en su momento.

El IVA a las cooperativas de ahorro y crédito entró en vigencia desde el 1 de julio del 2016, luego de que el sector cooperativista logró aplazar su implementación a través de presiones generados con marchas en el microcentro. En principio la entrada en vigencia estaba prevista para el 1 de noviembre del 2015.