–¿Cuál es la función de ambas instituciones para con el consumidor?

–L.M: El trabajo que hacemos desde la Sedeco es la difusión, la educación del ciudadano para que conozca sus derechos, porque el que no conoce no puede saber qué, cómo ni dónde reclamar. La acción antes de sancionar es la de informar y evitar que proveedores y prestadores de servicios cometan infracción a la Ley 1.334/98 de “Defensa del Consumidor y del Usuario”.

–J.T: La verdadera misión de la Sedeco es la conciliación porque lo que se pretende es que el consumidor salga satisfecho.

–¿Cómo se encuentran los casos de consultas, reclamos o denuncias?

–L.M: Tenemos un incremento de más de 40% en la recepción de reclamo, que luego pasan a consultas y después a denuncias.

–M.B: Las últimas estadísticas dicen que en el 2015 se registraron menos de 100 casos que ya para el 2016 fue de 120 y ahora en lo que va del año unos 80 casos en la oficina del BCP.

–¿Por qué se da ese aumento?

–L.M: Creemos que esto viene aumentado porque se está entendiendo más el proceso, que es sencillo con las diferentes vías con que contamos hoy y que la gente está conociendo a través de nuestra página web.

–M.B: Puede ser que haya mejorado las normas y el comportamiento de los supervisados o que no se logra transmitir aún mayor conocimiento a la población, o que la Sedeco esté recogiendo gran parte de los reclamos.

–¿Qué es lo que se logra si se demuestra un daño por parte del proveedor?

–J.A: El resarcimiento es en cuanto al monto o valor de la compra si se comprueba el caso y el proveedor o prestador de servicio es la que repone. No existe indemnización por daños y perjuicios.

–¿Se sabe a qué cantidades ascienden estos reclamos?

–¿La Asucop qué hace en beneficio al consumidor?

–J.V: La Asucop es una entidad privada sin fines de lucro y constituida por 62 voluntarios que no realizan gestiones y servicios de asistencia individual (solo asesoran). Las denuncias y consultas recibidas por mensaje al 0972673838 y denuncia@asucop.org, serán respondidas selectivamente, según nuestra disponibilidad de recursos humanos y financieros.

–¿Cómo logran ayudar o solucionar?

–J.V: A diferencia de la Sedeco, somos una organización de presión y no de gestión, por eso las soluciones son más bien prácticas como asesoramientos para que el propio usuario solucione su caso. El principal instrumento son las redes sociales, grupos y periodistas.

–¿Cuáles son algunas acciones?

–L.M: Vamos a actualizar nuestra normativa con el apoyo de las Naciones Unidas, que ya nos envió el primer borrador y esperamos tener para este mes la corrección. Los cambios son sobre comercio electrónico e información al consumidor, por sobre todo al financiero que es una directriz misma de NNUU. Aquí integran la Ley de Tarjetas de Crédito, la 5.830 que prohíbe recibir mensajes publicitarios cuando no existe una relación comercial, además de la creación interna de un Registro Nacional, donde los usuarios tienen que inscribirse para no recibir este tipo de publicidades.

–J.A: Hemos contribuido con algunas resoluciones internas, en cancelaciones anticipadas de deuda, multas a estaciones de servicios, un fallo en la Corte Suprema, participación en el tema de las recargas de gas entre otros.

–J.T: Estamos diseñando también la publicación de una base de datos o lista en la web de los proveedores sancionados y cuyas multas están firmes en proceso de intimación para que sea público.

–J.V: Con nuestra gestión desde Asucop, tuvimos incidencia en que muchas leyes sean consultadas y modificadas como el tema de la Ley Inforcomf, muy de cerca con la Ley de Tarjetas de Crédito.

–¿Qué es lo que se puede hacer para proteger al consumidor?

–M.B: La mejor protección al consumidor es darle información y educación, que se está promoviendo a través de ENIF.

–J.V: El desconocimiento debería ser mejor presupuestado, donde la base será la educación e información financiera.

–L.M: la protección del consumidor es transversal ante cualquier tipo de actividad, es un derecho constitucional inherente al ser mismo.

–J.V: Se debe agregar en la malla curricular desde la formación primaria inicial, para que el propio ciudadano pueda ser su defensor, y esto es una responsabilidad del Estado, no de la sociedad civil.